Castilla-La Mancha arranca este lunes el nuevo curso político de una manera muy similar a la que terminó el anterior: con las tensiones entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a flor de piel y la incógnita de cómo podría influir esta situación en la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que debería ser ratificado en el Congreso de los Diputados en el próximo periodo de sesiones.
El último encontronazo entre el Ejecutivo de Castilla-La Mancha y el Gobierno central se ha producido a cuenta del reparto de menores migrantes entre las comunidades aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana y que obliga a la región a acoger a 692 migrantes.
En realidad, esta situación no es nueva. Desde que el Gobierno de Sánchez diese a conocer la manera en la que había diseñado este reparto para aliviar la situación de Canarias, Page se opuso públicamente por tratarse de una norma que, según él, había sido pactada con un "supremacista" como Puigdemont.
De hecho, cuando el Consejo de Ministros aprobaba a finales de primavera el decreto-ley que recogía las condiciones en las que se basaría la distribución, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha encargó un informe jurídico al Consejo Consultivo en el que basó un recurso al Tribunal Constitucional. En él se aducía, entre otras anomalías, una financiación insuficiente.
Ahora, con este segundo decreto-ley que deberá ser validado por el Congreso de los Diputados, el Gobierno autonómico se plantea seguir el mismo camino. Al menos así lo deslizaba hace pocos días el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, en unas declaraciones donde textualmente reconocía que "probablemente" presentarán otro recurso por el mismo motivo: la infradotación presupuestaria.
En este sentido, desde el Palacio de Fuensalida han repetido en numerosas ocasiones que los cálculos de las comunidades autónomas es que para poder atender a los menores migrantes en "condiciones dignas" necesitarían 250 millones de euros, mientras que el Gobierno central ha aprobado una partida de 100 millones de euros.
En cualquier caso, Guijarro también se desmarcaba de las comunidades del PP que han deslizado su oposición frontal al reparto señalando que "Castilla-La Mancha cumplirá la ley" pese a no estar de acuerdo con ella.
Financiación y Estatuto
La financiación autonómica en su conjunto es otro de los grandes escollos que separan Moncloa y Fuensalida. Page, el único barón socialista que gobierna con mayoría absoluta, remarcaba tanto en las últimas Conferencias de Presidentes como en su encuentro con Sánchez en octubre del año pasado, la necesidad de actualizar un sistema caducado desde 2015 y que coloca a Castilla-La Mancha como uno de los territorios infrafinanciados desde entonces.
De ahí, que el propio Guijarro, en la misma aparición pública, emplazaba a "abordar de una vez por todas" este asunto para "garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y el mantenimiento de los servicios públicos como nosotros los concebimos".
Una tensiones que está por ver suponen alguna interferencia en la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que tras unas largas y complicadas negociaciones, PSOE y PP pactaron su aprobación inicial en las Cortes regionales a finales del mes de mayo.
Ahora, con el texto en la Cámara Baja, debería repetirse el mismo acuerdo entre los dos grandes partidos para que la reforma de la norma sea refrendada en Madrid y aprobada de manera definitiva en el parlamento autonómico.
Paco Núñez y Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo
Núñez y su candidatura en 2027
Mientras tanto, en el PP su líder regional, Paco Núñez, ha mantenido durante todo el verano una intensa labor de oposición visitando numerosos puntos de Castilla-La Mancha con la Sanidad o la gestión de los incendios como blanco de sus críticas.
El presidente regional de los 'populares' fue señalado de manera oficiosa por Alberto Núñez Feijóo como el candidato del partido a las elecciones autonómicas de 2027.
Sin embargo, tras la celebración del cónclave nacional del partido en julio, está por ver si llega esa confirmación oficial de manera directa o se produce vía Congreso regional del PP de Castilla-La Mancha.