El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado las intenciones del Ejecutivo de recurrir el decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros que obliga a Castilla-La Mancha a acoger 692 menores migrantes no acompañados.
A preguntas de los periodistas durante la inauguración de la Feria de Artesanía de Cuenca, Guijarro ha señalado que "vamos a cumplir la ley" pero a la misma vez, "defenderemos nuestros intereses y previsiblemente recurriremos el decreto".
El número dos del Gobierno castellano-manchego ha vuelto a señalar la falta de financiación como motivo principal para tomar una decisión que ya están estudiando.
"Castilla-La Mancha siempre ha sido una región solidaria y estamos dispuestos a colaborar para resolver un problema que tenemos como país pero no puede ser a costa de los presupuestos de una comunidad autónoma", ha lamentado.
En este sentido, ha insistido en que los 100 millones de euros con los que el Gobierno central ha dotado a las comunidades para acoger a estos niños y niñas es una cifra "escasísima" para cumplir acoger a "esos 600 menores que supuestamente debemos atender".
Por este motivo, ha señalado la necesidad de que tanto PSOE como PP se pongan de acuerdo para "aprobar el tratamiento de los menores no acompañados" que están llegando a las costas españolas.
Recurso al Constitucional
De dar este paso, el Gobierno de Castilla-La Mancha seguiría el camino abierto el pasado mes de junio con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por la aprobación del otro decreto-ley en el que se recogían los criterios para llevar a cabo la distribución de estos niños y niñas entre las comunidades autónomas.
Los argumentos que entonces esgrimió la Junta fueron que se había sacado adelante "sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno" además de "venir sin compensación económica ni financiación", lo que ponía "en grave riesgo la garantía del interés superior del menor".
Según los cálculos de Castilla-La Mancha, para que las comunidades puedan hacer frente a esta acogida en "condiciones dignas" la aportación del Gobierno tendría que ser de más del doble, hasta alcanzar los 250 millones de euros.
Financiación
Guijarro ha aprovechado la ocasión para expresar su deseo de que durante el curso político que está a punto de empezar se aborde "de una vez por todas" la reforma del marco de financiación de las comunidades autónomas, caducado desde el año 2015.
Confiando en que se pueda alcanzar un acuerdo por parte de todos los territorios, ha precisado que "este es el gran reto que tenemos y que está relacionado con el mantenimiento de los servicios públicos como nosotros los concebimos; para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para acceder a los mismos”.