En plena campaña de extinción de incendios, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes la precariedad que sufren los empleados de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).
Alegan en nota de prensa que los trabajadores tienen dificultades para acceder a contratos de doce meses y muchos medios de extinción que emplean están por debajo de los mínimos exigidos.
Además, aseguran que han recortado el número de días de campaña de extinción (96 días frente a los 122 de la campaña de 2020).
Una situación que está provocando "una fuga de personal a otras comunidades" y que Geacam está sufragando asignando "responsabilidades y funciones propias de técnicos a trabajadores de categorías inferiores", lamentan.
A este respecto, añaden que "se están denegando reducciones de jornada alegando que no hay personal suficiente". El convenio actual recoge también la posibilidad de que los empleados "puedan ser movilizados en caso de emergencia incluso en su día libre".
Salario inestable
En cuanto a la retribución, CSIF apunta que es "imprescindible establecer una cuantía fija y estable que reconozca la responsabilidad y exigencia del puesto", ya que su salario "depende de pluses".
Por todo ello, el sindicato exige que Geacam se transforme en una agencia pública para obtener una "financiación adecuada y no depender de subvenciones externas".
El PP pide una respuesta firme a la consejera
En la misma línea, el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y responsable del área forestal del Grupo Parlamentario Popular, Santiago Lucas-Torres, ha pedido a la consejera de Desarrollo Sostenible "una actuación inmediata y firme ante el abandono y la falta de seguridad que sufren los bomberos forestales, retenes y trabajadores de GEACAM".
"Estamos hablando de personas que se juegan la vida cada verano, sin equipos adecuados, sin cuartos de descontaminación, sin agua potable, sin condiciones laborales dignas", ha incidido el parlamentario popular.
Lucas-Torres ha calificado como "especialmente grave" la situación de los retenes del Alto Tajo, aunque los recortes son en toda la región, donde localidades como Villanueva de Alcorón, Mazarete, Ocentejo o Armallones se encuentran "bajo mínimos", con dotaciones incompletas, turnos sin cubrir y medios claramente insuficientes.
El Partido Popular ha reclamado también la activación urgente del Estatuto Básico del Bombero Forestal, aprobado por Ley, pero aún sin aplicación efectiva por parte del Gobierno de Page. "No puede seguir habiendo trabajadores sin estabilidad laboral, sin reconocimiento profesional, sin seguridad jurídica".