El presidente del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz, ha comparecido este jueves en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha para dar cuenta del informe de actividades de 2023 y el primer trimestre de 2024, así como para informar del nuevo Plan Estratégico del Consejo, con el que persigue "avanzar hacia una gestión pública más eficiente, ética y transparente, que promueva la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas".

Durante su intervención, Muñoz ha desgranado que el Plan, que será sometido a consulta pública de forma inminente, contiene diez líneas estratégicas y 8 objetivos específicos "si bien varios de ellos ya han sido implementados".

Concretamente, entre los objetivos estratégicos, el presidente del Consejo ha destacado "completar la puesta en marcha del Consejo", así como establecer un modelo de gestión orientado a resultados, aproximar la administración a la población y mejorar la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Sobre la Ley de Transparencia, el Plan Estratégico también incorpora el objetivo de "aclarar, fijar los contenidos y el alcance de las disposiciones" de la normativa.

Por otro lado, establece una serie de objetivos relacionados con el impulso a la cultura de la transparencia, sensibilizar sobre ella con actividades formativas, así como establecer una cooperación y actuación coordinada con los agentes vinculados a la política de transparencia.

En último lugar, adecuar a lo largo de los años contemplados en el Plan Estratégico, los recursos y estructura a los objetivos marcados para el Consejo, y "regular específicamente el procedimiento de tramitación de las reclamaciones en materia de Derecho de Acceso a la Información Pública, estableciendo un procedimiento claro y eficiente para la tramitación de las reclamaciones".

En cuanto a los ejes específicos, Muñoz ha descrito "ocho ejes", relacionados principalmente con el funcionamiento interno del Consejo, fijando el personal, sede, recursos, imagen o formación.

Ha destacado, entre estos objetivos específicos, por su impacto para la ciudadanía, el objetivo de "regular adecuadamente la tramitación de las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública, así se establecerán procedimientos claros y transparentes", un objetivo para el que ha subrayado la "implantación de Mesta, Modelo de Evaluación de Transparencia y la Rendición de Cuentas". "Se trata de una herramienta de evaluación integrada del cumplimiento de la Ley de Transparencia", ha señalado Muñoz, apuntando que "fue creada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado", siendo el sistema de referencia en varias regiones.

108 expedientes

En cuando a la memoria de actuaciones desde septiembre de 2023, Muñoz ha destacado la existencia de dos periodos diferenciados antes y después del establecimiento de la sede electrónica el pasado 1 de noviembre, que "ha representado un objetivo significativo en nuestra labor de promoción de la transparencia y el acceso a la información pública en la región".

Asimismo, ha desgranado el volumen de reclamaciones, consultas, quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía, apuntando que en el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre se generaron 28 expedientes, de los cuales "22 fueron reclamaciones, 2 quejas y 4 denuncias".

"En cuanto a los expedientes generados entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de marzo del 2024, 90, se presentaron 76 reclamaciones, 5 quejas, 7 denuncias y 2 consultas", ha expuesto Muñoz.

Sobre los organismos objetivo de los expedientes abiertos, el presidente del Consejo ha apuntado que "en el año 2023, de estas 28 reclamaciones, se presentaron contra ayuntamientos 22, contra diputaciones 1, contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 4 y contra otro tipo de organismos 1".

En cuanto al año 2024, de las 90 reclamaciones presentadas, 52 fueron ante ayuntamientos, 7 a diputaciones, 28 a la Junta y 3 frente a otro tipo de organismos y administraciones.

Vox y la redundancia de funciones

Tras la intervención del presidente del Consejo, ha llegado el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Vox, por boca del parlamentario Francisco José Cobo Navarro, ha cuestionado la pertinencia del establecimiento de un Consejo Regional, dado que "ya hay un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal".

En este sentido, Navarro Cobo ha planteado que desde su grupo consideran que se genera una "duplicidad" entre las dos estructuras regional y nacional, generando el riesgo de que se produzca "algún tipo de solapamientos y que puede generar algún tipo de ineficiencias".

Francisco José Cobo, diputado de Vox.

Además, ha apuntado a la financiación del Consejo, asegurando que su grupo preferiría "que todos esos recursos se dedicaran a aquellas cosas que ahora preocupan".

El PP considera tardía la puesta en marcha

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular, a través del diputado Santiago Serrano, ha valorado "que la creación de este consejo llega tarde" dado que "la Ley de Transparencia y Buen Gobierno es del año 2016".

Santiago Serrano, diputado del Grupo Popular.

"Instamos a que esa demora que se ha producido en su creación se vea compensada también con ese trabajo y esa ilusión que ha manifestado el presidente a la hora de realizar su labor", ha transmitido Serrano.

Por otra parte, el parlamentario del PP ha apuntado algunos elementos en los primeros meses de funcionamiento del Consejo a mejorar como fallos informáticos en la sede electrónica. Asimismo, ha planteado la necesidad de ampliar los espacios recogidos en el portal como "organizaciones empresariales".

El PSOE celebra el nivel de ambición del plan

De su lado, el Grupo Parlamentario Socialista, representado por el diputado autonómico Ángel Godoy, ha celebrado que el Plan Estratégico anunciado por el Consejo "parece muy, muy ambicioso".

Entre los objetivos marcado en el Plan, Godoy ha destacado la "creación de guías sobre el derecho a la información, para que sea la ciudadanía quien tenga el conocimiento sobre el funcionamiento y sobre los derechos que le asisten".

Ángel Tomás Godoy, diputado del PSOE.

En el mismo sentido, ha subrayado "la implantación del Sistema Oficial de Certificación y Acreditación hacia las Administraciones Públicas". El diputado socialista ha concluido su intervención dando las gracias al Consejo, afirmando que es una iniciativa que "sirve fundamentalmente para empoderar a la ciudadanía y especialmentepara trabajar en contra de que las Administraciones no sean transparentes".