El Gobierno de España escuchará a todas las comunidades autónomas implicadas antes de cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Así se lo ha confirmado durante una reunión la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Por su parte, aunque se ha mostrado favorable al diálogo, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha asegurado que "no puede servir" para "retrasar" una modificación que debe hacerse "cuanto antes" puesto que, tal y como ha recordado, "la ley obliga" a ello para cumplir con los caudales mínimos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo.

Ribera, que este lunes ha recibido a Mazón en la sede del Ministerio, ha adelantado durante una rueda de prensa posterior que el departamento que dirige convocará previsiblemente la próxima semana a los técnicos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar la modificación de las actuales reglas de explotación del trasvase, vigentes desde el 2021.

Mazón, interesado en que el trasvase Tajo-Segura siga enviando al menos la misma cantidad de agua que hasta ahora a la Comunidad Valenciana, ha agradecido a Ribera su "predisposición" para que los cambios en las reglas de explotación no se hagan desde la "unilateralidad", sino desde el "diálogo y el rigor".

Emiliano García-Page, este lunes en Manzanares (Ciudad Real). JCCM

Pero desde Manzanares (Ciudad Real), el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha puntualizado que dicho diálogo "no puede servir" para "retrasar" lo que ha presentado como un compromiso legal, por lo que ha instado a cambiar "cuanto antes" las reglas de explotación.

Una "anomalía"

"La ley obliga a modificar las reglas de explotación, a fijar un caudal mínimo y a establecer un código de entendimiento en lo que queremos pensar sea la solidaridad", ha continuado Page, que ha recordado que el Tajo sea el único río de Europa que no tiene caudal mínimo ecológico "no sólo es una anomalía, sino un delito ambiental".

El presidente regional también ha lamentado que solo se hable del pacto del agua en España "cuando se trata de quitárselo a Castilla-La Mancha". "¿Por qué solo vale el trasvase de un río? Si se quiere en España tener conectada como si fuera una obra de fontanería, perfecto, pero con todos los ríos, no solo uno", ha defendido.

Por último, ha dicho que le parece "muy bien" que el Ministerio quiera hablar con todos ya que "es su obligación", pero ha recordado que el Plan Hidrológico del Tajo ha sido aprobado como consecuencia de un diálogo social "en el que todos hemos opinado y hablado". "Ya se ha aprobado, ya es norma, y es coherente con las resoluciones de los tribunales, tanto del Supremo como de la Unión Europea", ha finalizado.

Desde el Gobierno, la ministra ha hecho hincapié en que procurarán escuchar "a todos los territorios", precisando "no siempre las partes coinciden con el enfoque final y se producen discrepancias". Por eso, ha recalcado que se tomarán decisiones "con arreglo al interés general, el bien de todos, más que el de una u otra parte de los territorios".