El obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, ha dicho este jueves en rueda de prensa que la Iglesia Católica no debió haber colaborado con el Defensor del Pueblo en el informe sobre abusos sexuales en el ámbito eclesiástico y que esa colaboración fue un "fallo" que discrimina y perjudica a la institución religiosa.

El "fallo" de la Iglesia Católica española, según Melgar, ha estado en haber facilitado información al Defensor del Pueblo para elaborar ese informe que, a su juicio, "es un ejercicio de discriminación clara hacia la Iglesia". "Ha habido un fallo por nuestra parte", ha afirmado el obispo ciudadrealeño, dejando claro que "no tendríamos que haber colaborado".

En una rueda de prensa en Ciudad Real, el obispo ha dicho que ese informe carece de validez al haber una "trasposición de datos" que considera "inválida" y que "solo sirve" para querer "quitar valor y prestigio social" a la Iglesia, informe Europa Press.

Un "defecto de fondo"

"El modo de trasponer datos de esta forma no puede valer en este asunto", destacando que "cada caso es cada caso" y que "hay que probarlos". De la misma manera, Melgar considera que existe "un defecto de fondo" al hablar que esos abusos "solo sucedieron en el seno de la Iglesia" y, según Melgar, "eso no es verdad".

Por ello, el obispo manchego ha concluido recalcando que la publicación de este informe "solo ha servido" para quitar "el valor y el prestigio que tiene la Iglesia", algo que, a juicio de Melgar, no están consiguiendo, ya que "cada día tenemos más colaboradores y más asignaciones tributarias".

Gerardo melgar ha desautorizado así el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentado el pasado 27 de octubre y que cifra en más de 445.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española.

Testimonios

Como ha informado EL ESPAÑOL, el informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo estima que el 1,13% de la población actual mayor de 18 años -unas 445.000 personas- ha sido víctima de pederastia en el ámbito religioso en nuestro país.

De ese 1,13%, un 0,6% de los abusos se cometieron por parte de sacerdotes y religiosos -unas 236.000 personas- y el resto -191.000- por laicos que trabajan en instituciones pertenecientes a la Iglesia española como profesores.

Así se desprende de una encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que le encargó hace un año y medio el Congreso de los Diputados, y que entregó a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

El informe, de 777 páginas, reúne los testimonios de 487 víctimas, pide crear un fondo estatal para compensarlas y denuncia cómo la jerarquía católica negó y minimizó el problema durante mucho tiempo.