Los tres grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha, PSOE, PP y Ciudadanos, han presentado un total de 85 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia de Castilla-La Mancha, en las que coinciden en pedir un Observatorio de Infancia y Familias y más medidas contra la violencia. Las 24 enmiendas del PSOE, 33 del PP y 28 de CS han sido publicadas este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes después de que la Mesa acordase admitirlas a trámite.

Según EFE, los tres grupos han solicitado añadir al articulado de la ley la creación del Observatorio de Infancia y Familias de Castilla-La Mancha, en el que tiene que estar presente el Tercer Sector. Asimismo, la oposición ha presentado varias enmiendas tendentes a valorar el trabajo de las asociaciones en el ámbito de los menores y en su participación en los órganos que se deriven de la nueva normativa.

Otro de los puntos en los que coinciden los tres grupos es en pedir un mayor impulso a las medidas de prevención y atención en casos de violencia sobre los menores. Por su parte, PP y CS solicitan la coordinación con los servicios sociales de Atención Primaria y todos abogan por una estrategia de prevención y por la implicación de todos los actores que intervienen en estas situaciones.

"Enfoque multidisciplinar"

Los tres partidos apuestan por un "enfoque multidisciplinar" de las políticas y acciones en materia de infancia y familia, por la importancia de la inclusión y por la correcta ejecución de las medidas de acogimiento, como el contacto del menor con sus padres biológicos siempre que el entorno y las circunstancias lo consideren oportuno.

Por ello, plantean la creación de unidades educativas terapéuticas para alumnado con necesidades educativas especiales, además de que haya profesionales de las distintas disciplinas presentes en las comisiones provinciales de seguimiento de la ley.

Por último, CS ha incidido en que tiene que haber un seguimiento y evaluación de las políticas y medidas que se pongan en marcha y en que quede recogido en una ley que la Administración autonómica tiene la "obligación" de llevar a cabo inversión y gasto en política de infancia para la financiación de las diferentes actuaciones.