El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los doce nuevos planes hidrológicos para el periodo 2023-2027 en las cuencas que dependen del Estado, entre ellos el del Tajo, que cumple con las distintas sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar los caudales ecológicos del río y, por tanto, supondrá un importante recorte en el trasvase al Segura.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que dicha merma en el trasvase conllevará "en el peor de los escenarios" reducir los envíos al Levante español entre 70 y 100 hectómetros cúbicos anuales, mientras que el Gobierno de España ha puesto en marcha como compensación un ambicioso programa de inversiones que, a través de la desalación, la reutilización y la eficiencia, permitirán de aquí al año 2027 "aportaciones adicionales" de 140 hectómetros cúbicos anuales "como mínimo". 

Durante el año hidrológico 2021/2022, el total de agua trasvasada desde el Tajo hasta el Segura ascendió a 231 hectómetros cúbicos, 89 de los cuales se destinaron a abastecimiento y 141 a riego. De esta forma, según las previsiones del Gobierno de España en base al nuevo Plan Hidrológico, el recorte al trasvase podría oscilar entre el 30 y el 43 %.

[El Consejo de Estado avala por unanimidad los caudales ecológicos del río Tajo]

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han calificado este día como "histórico" y trasladan una sensación de contundente victoria después de que las protestas de los regantes levantinos y de las presiones que el Ejecutivo nacional ha recibido desde regiones como Murcia, Andalucía y Valencia -pese a estar presidida por el valenciano Ximo Puig- no hayan impedido la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo.

Esta tarde, a partir de las seis, el presidente castellano-manchego, el también socialista Emiliano García-Page, ofrecerá una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia para valorar la aprobación del Plan Hidrológico, que según ha explicado Ribera, incorpora la fijación "gradual" de caudales ecológicos en el Tajo, en línea con lo sentenciado por el Supremo. Serán de 7 metros cúbicos por segundo en este 2023, subirán a 8 metros cúbicos por segundo en 2026 y a 8,5 metros cúbicos por segundo en 2027.

Teresa Ribera (i) e Isabel Rodríguez (d) durante una rueda de prensa. EP

"Los hemos diferido en el tiempo por la voluntad de conciliar los requerimientos legislativos con el impacto social, económico y ambiental que conllevan", ha defendido Ribera, que pese a las quejas del Levante español ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que "no se debería cuestionar la ejecución de las sentencias" puesto que su cumplimiento, ha dicho, no va a suponer "ningún riesgo para la disponibilidad de recursos suficientes para las cuencas que se han beneficiado históricamente del trasvase".

Compromiso con el Levante

Aunque ha reconocido que "habrá que dar respuesta" a los "nuevos desafíos que aparecen en el horizonte", la ministra de Transición Ecológica ha destacado el "compromiso total del Gobierno con el Levante". Así, ha añadido que el Ejecutivo no quiere que la nueva planificación hidrológica nacional "suponga una carga inasumible para un colectivo enormemente importante en la producción de riqueza", como son los agricultores murcianos, alicantinos y almerienses. 

A ellos les ha prometido que, gracias a una inversión de más de 22.000 millones de euros en los próximos cinco años, se multiplicará la capacidad de reutilización de aguas, se evitarán pérdidas en los traslados y se ampliará la capacidad de las desaladoras, que quedarán interconectadas para que no falte el agua ni de boca ni de riego. Además, ha adelantado que el Gobierno de España fijará la próxima semana un precio máximo del agua desalada de 34 euros por hectómetro, precio que bajará a lo largo de los próximos años gracias al impulso de las energías renovables.

"No podemos depender exclusivamente de la lluvia", ha insistido la ministra, que ha recordado que por primera vez en la historia a la hora de llevar a cabo una planificación hídrica se tiene en cuenta el cambio climático, que según los datos analizados ha provocado en las últimas cuatro décadas una reducción media del agua disponible del 12 %. Las previsiones a 2050, ha añadido, muestran además que la situación va a empeorar y que "puede haber una disminución adicional de entre el 14 y el 50 %".

Por ello, anticipando un escenario climático que ha calificado como "problemático", con fenómenos extremos como sequías y inundaciones cada vez más frecuentes, Ribera ha considerado que lo adecuado es apostar por una "gestión integral" y moderna de los recursos hídricos. "La ventaja añadida es que nadie puede controlar cuánto llueve, pero sí cuanto se desala y cuánto se reutiliza. Tan preciosa es el agua de superficie como la de los acuíferos, la desalada y la reutilizada", ha insistido.

"Avance sin precedentes"

Poco antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha calificado la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo como "un logro colectivo de la ciudadanía castellano-manchega".

José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. JCCM

"Conseguir caudales ecológicos mínimos en el Tajo colma nuestras expectativas, pero además está avalado por la razón y cinco sentencias del Tribunal Supremo. Esperamos que esta determinación de los caudales ecológicos mínimos hoy quede blindado e incorporado al nuevo Plan. Será un avance sin precedentes en cuanto al Tajo", ha asegurado Escudero durante una rueda de prensa en la que ha definido como "ruido" las protestas de los agricultores levantinos que han tenido lugar frente al palacio de la Moncloa este martes.

Por su parte, la alcaldesa de Toledo, la socialista Milagros Tolón, ha asegurado: "Es una magnífica noticia que el Consejo de Ministros ratifique los caudales ecológicos. Es muy importante para la ciudad, para la defensa de nuestro río Tajo contaminado durante décadas por tres cuestiones: por no respetarse los caudales, por la contaminación procedente de Madrid y por el trasvase Tajo-Segura".