Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este miércoles las siete propuestas de resolución que el grupo socialista ha presentado al Debate sobre el Estado de la Región, entre las que se encuentran un conjunto de desgravaciones fiscales y deducciones en el IRPF para aminorar la inflación y favorecer a familias y empresas.

En las votaciones, que se han producido tras casi catorce horas de debate que se han desarrollado este martes y este miércoles, han salido adelante únicamente las siete propuestas socialistas, una de ellas con el apoyo de Ciudadanos, mientras que las otras siete iniciativas de PP y otras tantas de la formación naranja han sido rechazadas, ya que han recibido el voto en contra de la mayoría absoluta del PSOE.

En concreto, la resolución socialista sobre impuestos, armonización fiscal y administraciones públicas incluye nuevas deducciones en el IRPF, mantener congelada la presión fiscal, aprobar una oferta de empleo público en 2023 que permita superar las 22.000 plazas desde 2015, plantear un nuevo modelo de financiación autonómica que sea debatido "lo más pronto posible" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y reclamar al Gobierno una reforma fiscal para adaptar el sistema impositivo a la realidad actual y evite situaciones de desigualdad entre comunidades autónomas en política tributaria.

En la resolución sobre economía, empresas y empleo, el PSOE propone elaborar una Estrategia Regional por y para el empleo, con horizonte 2025, centrado en los colectivos más vulnerables, reclamar al Gobierno de España más ayudas para contratar a personas con discapacidad en centros especiales de empleo, desarrollar el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha 2022-2026 y la Estrategia de Economía Social e instar al Gobierno central a compensar a las empresas del sector industrial especialmente afectadas por el incremento de los precios de la energía.

Cae la propuesta fiscal del PP

El Grupo Parlamentario Popular no ha podido ver aprobada su iniciativa fiscal presentada en el Debate sobre el Estado de la Región después de haber sido rechazada por la mayoría absoluta del PSOE, una batería de propuestas en la que los 'populares' abogaban por deflactar el IRPF, su modificación de tramos y reducción de tipos impositivos de manera que se realizaría en los tres primeros tramos y afectaría a los contribuyentes con rentas anuales inferiores a 34.360 euros, lo que "supondría una recaudación al Gobierno regional de 300 millones de euros" más.

Los 'populares' proponían ayudas por nacimiento de hijo con un mínimo de 500 euros, ayudas para familias numerosas y monoporantales, el aumento del 15 % al 30 % de la deducción de gastos por guardería eliminando el límite de 250 euros o multiplicar por diez las deducciones actuales por discapacidad del contribuyente, ascendientes o descendientes y para contribuyentes mayores de 75 años y para contribuyentes que cuiden a un mayor de 75 años.

En el ámbito de infraestructuras y vivienda, querían promover la imposición de penas de prisión de tres meses a quienes promuevan la okupación, arbitrar medidas contra el desmantelamiento del ferrocarril tradicional que afecta muy especial a la provincia de Cuenca, a Talavera y su comarca, así como un programa de ayudas a jóvenes de compra de vivienda habitual o una línea de avales públicos para facilitar a los jóvenes pagar la entrada que se necesita para comprar una vivienda.

En materia sanitaria, reclamaban un plan de atención primaria, un plan de choque contra las listas de espera, la recuperación de la carrera sanitaria o retomar los trabajos de la comisión parlamentaria del COVID-19, "sin reunirse desde el 14 de julio".

Añadían su petición de establecer una ayuda por hijo de 14.500 euros desde el quinto mes de embarazo hasta los dos años, para todas las mujeres empadronadas en Castilla-La Mancha, elevándola hasta los 20.300 euros en municipios despoblados o construir nuevas unidades residenciales, tanto por el sector público como el privado, que no superen los 55 residentes, dando opción preferente a los entornos rurales.

Ciudadanos, sin apoyos

La propuesta de deducciones en el Impuesto de las Personas Físicas (IRPF) para menores de 36 años, por cuidado de hijos menores de 7 años o para las hipotecas con interés variable defendidas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos este miércoles en el Debate del Estado de la Región también ha quedado rechazada, tras la negativa de PSOE Y PP.

Así, la formación naranja proponía elevar al Gobierno de España la necesidad de aprobar una deducción extraordinaria y temporal en el IRPF de, al menos, el 25 % del importe del incremento experimentado en el pago de intereses de las hipotecas constituidas a tipo variable hasta el 1 de agosto de 2022 sobre la vivienda habitual, con un máximo de 400 euros anuales, y que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobara una deducción autonómica extraordinaria y temporal en dicho impuesto que complemente la deducción estatal con un máximo de 400 euros anuales.

La formación naranja ha reclamado que el Gobierno regional acuerde con las fuerzas políticas un pacto contra los efectos de la inflación en Castilla-La Mancha, en el que se negocie para alcanzar un pacto de rentas y la deflactación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Defenían un Plan de Reducción de la Carga Fiscal para las Familias Jóvenes que conlleve la creación de una nueva deducción autonómica sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a contribuyentes menores de 36 años, de 150 euros de la cuota íntegra autonómica, con un límite en la base imponible de 20.000 euros en tributación individual y 32.000 euros en conjunta.

Del mismo modo, han propuesto aumentar la actual deducción autonómica sobre el IRPF por nacimiento o adopción de hijos, crear una nueva deducción autonómica sobre el IRPF por cuidado de hijos menores de 7 años, una nueva deducción autonómica sobre el IRPF por suspensión del contrato de trabajo o interrupción de una actividad económica por cuenta propia por permiso de paternidad, así como una nueva deducción autonómica sobre el IRPF por adquisición de vivienda para residencia habitual.

Con respecto a la sanidad de la región, pedían una auditoría independiente sobre las listas de espera de atención quirúrgica del Sescam, un decálogo para primar la atención primaria, creación de la enfermería en centros educativos, aumentar las plazas de psicólogos en la región poniendo el acento en la salud mental en niños jóvenes y en personas mayores, así como la reactivación de la comisión parlamentaria del COVID-19.

En el lado de la educación, abogaban por la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, la reducción de la jornada lectiva así como evaluación externa de los centros educativos sostenidos con fondos propios de la región para identificar las prácticas educativas más adecuadas así como el pago a interinos con más de cinco meses trabajados o la reducción de la carga horaria del profesorado mayor de 55 años.

Igualmente, instaban al Gobierno regional y a las fuerzas con representación parlamentaria a alcanzar un Pacto Regional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios para lograr una jornada laboral más compacta y flexible.