Solo 24 horas después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigiese al Gobierno de España -bajo amenaza de recurso judicial- dejar fuera de la futura ley de Bienestar Animal a los perros utilizados por el sector de la caza y de la ganadería, argumentando que "una cosa son los animales domésticos y otra cosa muy diferente colar otro tipo de realidades", la presión ha surtido efecto de manera prácticamente inmediata. 

Este jueves el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha informado a los medios de comunicación que el Grupo Parlamentario Socialista "va a presentar una enmienda, cuando se abra el plazo, por la que se exluye de esta ley a los animales que tienen actividades específicas", entre ellas la caza. El texto ha sido impulsado y redactado por el ala de Podemos en el Ejecutivo, concretamente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 comandado por Ione Belarra.

De salir adelante la enmienda socialista, tanto las rehalas como los animales auxiliares de caza "quedarían excluidos de esta ley". "Haríamos una legislación específica para ellos, tal y como recoge la estrategia regional de gestión cinegética", ha añadido, afectando la nueva normativa únicamente a aquellos animales "domésticos que viven en el domicilio familiar".

López ha aclarado que tampoco se verían afectados por la nueva legislación los animales dedicados a las actividades deportivas o a la cetrería, al igual que los perros pastores, guardianes del ganado, de rescate o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército.

Los propietarios de dichos animales, según ha explicado, no tendrán que cumplir con las "obligaciones y cuidados" incluidos en los artículos 24 y 27 del borrador de la ley, que ha sido calificada este mismo jueves en el Congreso. La norma específica para los animales no mascotas, según ha explicado López, "seguirá la línea de la regulación europea" y "evitará conflictos con las comunidades autónomas" que, según ha recordado, tienen "competencias exclusivas" en esta materia.

El portavoz socialista en el Congreso, sin citar nombres, ha iniciado su intervención ante los periodistas asegurando que esta decisión se ha tomado "para evitar esas malintencionadas interpretaciones que algunos están haciendo para predisponer a buena parte del sector que se dedica a la actividad cinegética y del mundo rural en contra del Gobierno y para clarificar la ley de Bienestar Animal". 

El aviso de García-Page

Este miércoles, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, insistió en que su Gobierno estaba en contra de la ley de Bienestar Animal en sus actuales términos y que exigiría "que se cambie" para que la protección de los animales no afecte a la actividad cinegética. Desde Argamasilla de Alba (Ciudad Real), donde inauguró una planta de procesado de pistachos, el presidente castellano-manchego alegó: "Nadie está en contra de la salud animal, pero una cosa son los animales domésticos y otra cosa muy diferente colar otro tipo de realidades".

Además, criticó que los políticos aprovechen su potestad legislativa "para meterle el colmillo a manías o telarañas intelectuales o ideológicas", algo que ha definido como "errores de bulto". "Debe de haber alguien que le tiene manía a la caza", dijo.

De este modo, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego apostó por que la nueva regulación preserve con garantías la actividad cinegética en España y, particularmente, en Castilla-La Mancha, donde "ni se imagina la gente el dinero que mueve el sector".

El pasado mes de abril, el Gobierno de García-Page remitió un duro documento con 16 páginas de alegaciones al proyecto de ley, firmado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que públicamente ha defendido que "los perros de caza no son mascotas y, por lo tanto, no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal".

El propio Emiliano García-Page también dijo por aquellas fechas que el proyecto legislativo ha sido concebido "desde una mentalidad urbanita" y "sin conocer la realidad del medio rural", donde residen la mitad de los castellano-manchegos.

Cazadores en pie de guerra

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Asociación de Propietarios y Titulares Cinegéticos (Aproca) consideran que la ley que se está tramitando, en sus actuales términos, pone en grave riesgo el futuro de la actividad cinegética en Castilla-La Mancha y han anunciado que, de aprobarse, convocarán movilizaciones tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid.

Alertan de que en caso de aprobarse la ley con el texto actual, los perros de caza se deberán inscribir como animales de compañía y los cazadores tendrían que darse de alta como criadores profesionales si quieren cruzar a sus canes. En caso contrario deberán castrar a los perros, lo que "no deja de ser una contradicción y un disparate sin precedentes". 

Los representantes de estas asociaciones han recordado que Castilla-La Mancha tiene una ley de bienestar del año 2020 que contó con el consenso de los diferentes sectores del mundo rural afectados, donde se asegura el bienestar pero se mantienen los usos tradicionales del campo.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado este jueves durante su internvención en el pleno que se celebra en las Cortes regionales que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso va a "rectificar" la ley de Bienestar Animal durante su tramitación para "excluir al sector de la caza", algo que ha achacado a las gestiones que ha hecho el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page.