El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este viernes que su Gobierno va a aprobar un gasto de 94 millones de euros para un nuevo plan de empleo que prevé generar 12.000 puestos de trabajo, una estrategia que se retoma "porque desapareció en su momento".
García-Page ha hecho estas declaraciones tras la firma del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026 en Guadalajara, donde ha remarcado que el Ejecutivo autonómico seguirá invirtiendo desde el punto de vista público y, aunque la reforma laboral ha provocado tener que revisar los parámetros de los planes de empleo, en julio se aprobará el próximo para que empiece su desarrollo a partir de septiembre.
También en materia de empleo, ha dicho que este tipo de planes se combinará con la estrategia de consolidación del trabajo público, de hecho ha asegurado que "Castilla-La Mancha está muy cerca de ser la autonomía con mayor consolidación, y para ello aprobarán la nueva OPE con 2.000 plazas mientras que el 7 de mayo comienzan los exámenes de las OPE de 2017 y 2018 que alcanzan 3.200 plazas.
Por otro lado, se ha referido a los datos de caída del crecimiento español en el último trimestre, pero ha pedido "que nadie se alarme" porque lo que ha pasado en los últimos meses es "de traca", y en Castilla-La Mancha, ha concretado, afectará en parte a las obras públicas que irán "con retrasos ligeros" pero seguirán adelante.
Con respecto a las últimas cifras que ha arrojado la Encuesta de Población Activa (EPA), ha lamentado que es un dato "relativamente negativo" al tiempo que ha expresado que espera que el dato de paro registrado de abril que se conocerá la próxima semana consolidará la reducción del desempleo en la región "por encima del 20 %" y contribuirá a la mejora en los siguientes trimestres para recuperar la senda de crecimiento.
En otro orden de asuntos, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha aludido también a la política fiscal y ha afirmado que Castilla-La Mancha "ha bajado impuestos" con la mayor decisión en este sentido que se ha tomado en ninguna región de España, aunque ha precisado que cuando se aborda este tema "hay que hablar de a quién y cómo" porque "dicho en conjunto, no es más que demagogia barata".
A este respecto, ha hecho hincapié en la medida adoptada por el Gobierno regional para zonas despobladas que afecta a 95.000 personas y supone un ahorro de 30 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) este año.
