El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado en este mes de enero un acuerdo con el Gobierno de Castilla-La Mancha para evitar recursos de inconstitucionalidad relativos a la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, norma en la que existían discrepancias competenciales.

Según ha informado el ministerio dirigido por Isabel Rodríguez, en esta ley existían estas discrepancias en relación a los artículos 5, 33 y 34. Tras el acuerdo, ambas partes consideran que la recta interpretación de la expresión "contrato programa" se ha de hacer partiendo de que su auténtica naturaleza es la de un convenio del artículo 47 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y no la de un contrato sujeto a la legislación laboral.

Por otro lado, ambas partes han acordado que Castilla-La Mancha promoverá la modificación del artículo 21.2 para suprimir del precepto las expresiones "adquisiciones de proximidad" y "productos locales"; también suprimirá las expresiones "inspecciones" y "auditorías" y sustituirá la Consejería competente en materia de telecomunicaciones por la Consejería competente en materia de consumo.

Por último, han acordado que Castilla-La Mancha adaptará la disposición final octava a lo dispuesto en la disposición adicional undécima, apartado primero, de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Por su parte, el Ejecutivo central actualizará la declaración de zonas restringidas por motivos medioambientales.