En una entrevista concedida a la Agencia Efe tras su reciente reelección al frente del sindicato para cuatro años más, Paco de la Rosa repasa los asuntos que, a su entender, deben protagonizar la agenda pública a corto y medio plazo y sitúa como hilo conductor de todos ellos la relevancia del diálogo social, tras la constitución en Almadén (Ciudad Real) del Consejo de Diálogo Social en Castilla-La Mancha.

Para De la Rosa, en el ámbito nacional, los asuntos que deben marcar la agenda en lo que queda de 2021 son la reforma de las pensiones, para garantizar un sistema público; la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la modificación de la reforma laboral, a lo que une atajar la subida del precio de la luz "sin descartar movilizaciones para que el Gobierno tome las riendas" de la situación, ya que a su entender "es incomprensible" que "la factura alcance a diario máximos históricos" y el Ejecutivo no aplique medidas que sean efectivas.

En Castilla-La Mancha, De la Rosa admite que tiene "amplísimas expectativas" y considera que "lo que queda de 2021 y 2022" debe ser un año en el que el diálogo social sea "el principal protagonista" y pide "llenar de contenido" el Consejo de Diálogo Social y "hacer cosas que sean útiles para las personas", con el objetivo de que Castilla-La Mancha sea un "ejemplo para este país en materia de diálogo social".

"CCOO, UGT, Cecam y Gobierno debemos sentarnos y diseñar una estrategia para que los castellano-manchegos salgan de esta situación y vivan mucho mejor", sostiene De la Rosa, que plantea cuestiones concretas como la regulación de los centros sociosanitarios, la mejora de la sanidad pública o la educación pública.

No parecerse a Ayuso

De la Rosa considera que para poder tener unos servicios públicos de calidad, la región debe contar con una "presión fiscal equilibrada, para que paguen más quienes más tienen", ya que las bajadas de impuestos suelen conllevar el "deterioro de los servicios públicos".

Por ello, anima al Gobierno de Castilla-La Mancha a "demostrar que es un gobierno progresista, que piensa en la mayoría de los ciudadanos, sin olvidarse de ninguno de ellos" y desea que el Ejecutivo castellano-manchego no se parezca al de la Comunidad de Madrid, porque a su entender las bajadas de impuestos, como la anunciada esta semana por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "perjudica a los madrileños, porque tendrán menos servicios públicos" y, además, los que tengan las rentas más bajas se ahorrarán 70 céntimos, mientras que los con rentas más altas "ahorran entre 900 y 1.500 euros".