La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha subrayado hoy que el proyecto de ley del juego para Castilla-La Mancha es “valiente” y “pone el foco en las repercusiones sociales” de esta actividad.

La parlamentaria socialista ha recordado que “la ley de 2013 lo que hacía era potenciar al sector económico”, de hecho, “pasamos en Castilla-La Mancha de tener apenas 50 establecimientos de juego, en 2013, a tener más de 200, en 2020”, ha detallado, si bien “esta nueva ley lo que trata es de poner el foco en las repercusiones sociales del juego y po-tenciar las medidas de control”.

Abengózar se ha pronunciado así ese lunes en rueda de prensa en el Parlamento autonómico, antes del inicio de la Comisión de Economía y Presupuestos, donde se han debatido y votado las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Ha destacado “el doble requisito de ubicación” que exige esta norma a los establecimientos de juego, que no podrán instalarse a menos de 150 metros unos de otros, ni a menos de 300 metros de centros educativos y, en este sentido, ha señalado que, según los últimos informes sobre adicciones, el colectivo adolescente de 12 a 17 años es el que represen-ta el mayor riesgo “de caer en el juego”.

Asimismo, ha resaltado que la nueva ley contempla la creación de un Observatorio del Juego Responsable para poner en marcha medidas de “prevención, intervención y control”, así como la implantación del “si-lencio administrativo como negativo”.

Y ha remarcado otras características de la ley como la regulación de la publicidad del juego y la concienciación y sensibilización por un juego responsable.

Con todo, la portavoz socialista ha confiado en que esta nueva ley se pueda aprobar por unanimidad en las Cortes regionales, puesto que ha considerado que “estamos de acuerdo los tres grupos parlamentarios en que era necesario modificar la ley del juego”.

Además, Abengózar ha destacado la enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista sobre el aplazamiento de las medidas tributarias de la nueva ley para que “entren en vigor seis meses después” de la aprobación definitiva del texto, “teniendo en cuenta la situación econó-mica actual en la que nos encontramos” derivada de la COVID-19.