Este miércoles ha entrado en vigor en Castilla-La Mancha la obligatoriedad del uso de mascarilla para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, a través de la modificación del decreto que establecía las medidas de prevención iniciales de la nueva normalidad, que incluye excepciones como el ejercicio del deporte, los establecimientos y servicios de hostelería y restauración o las piscinas y zonas de baño.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este miércoles el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años, en todos los sitios, sean espacios cerrados o abiertos y aunque haya distancia de seguridad.

Así ha sido aprobado este martes en el Consejo de Gobierno, del que ha informado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha recordado que las sanciones por no llevar puesta la mascarilla pueden llegar hasta los 100 euros, y que también es obligatoria aunque se lleve pantalla de protección.

No será exigible su uso durante la práctica de ejercicio físico individual o colectivo; en casos de fuerza mayor; en bares, restaurantes y terrazas solo durante la ingesta de bebidas o comida; en piscinas durante el baño o cuando se permanezca en un espacio determinado, y en personas que tengan dificultad respiratoria o con problemas de movilidad que les impidan quitársela.

En los espacios privados se recomienda la mascarilla si existe confluencia de personas no convivientes, en el transporte público es obligatoria y en el privado también salvo para los familiares que conviven.

La acreditación de las causas para no llevar puesta la mascarilla no requerirá justificante médico, sino que será suficiente una declaración responsable.

Hay que reforzar la seguridad

El consejero ha recordado que el artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, preveía el uso obligatorio de la mascarilla para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resultara posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

Sin embargo, ha dicho que Castilla-La Mancha ha decidido sumarse a las comunidades autónomas que han decretado obligatorio el uso de la mascarilla porque en la región han aparecido en las últimas semanas algunos brotes localizados de la infección por COVID-19, algunos casos en personas asintomáticas, por lo que se hace necesario reforzar las condiciones de uso de las medidas de protección y, específicamente, el uso de la mascarilla.

“El uso generalizado de la mascarilla está demostrando ser una de las medidas más eficaces para la prevención en la transmisión de la enfermedad”, además de la distancia física y las medidas de higiene, ha explicado Fernández Sanz.

Así, en beneficio de las personas que están haciendo un uso responsable de las mascarillas, que son la mayoría, a partir de mañana se obligará a quienes no lo están haciendo.

Última semana

En la última semana, de lunes a lunes, se han detectado en Castilla-La Mancha 156 casos de coronavirus, lo que da una media de 22 al día, y un total de 5 fallecidos, datos como los que había a principios de marzo y que permiten que el sistema sanitario se pueda dedicar a la actividad programada de otras patologías.

En la región hay 39 enfermos de COVID-19 hospitalizados, 10 en la UCI. La contención de los casos radica, según el consejero, en la labor de rastreo de las enfermeras de vigilancia, de la Atención Primaria y de los servicios de Salud Pública.

Ha recordado que hay un rastreador por cada 4.700 habitantes, lo que sitúa a Castilla-La Mancha en el rango alto de las comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, por otra parte, también ha autorizado en su reunión de hoy la tramitación de tres acuerdos marco para la selección de proveedores de equipamiento electromédico de alta, media y baja complejidad para el conjunto de las Gerencias del SESCAM, por un importe superior a los 54,5 millones de euros, durante un periodo de cuatro años.