El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la adopción de medidas administrativas y, en su caso, las acciones jurídicas que procedan, para reclamar al Gobierno de España los 135 millones de euros que le adeuda a la comunidad autónoma por la liquidación del IVA de 2017.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del gabinete para informar de los asuntos relacionados con su departamento, entre ellos, esta reclamación del IVA del año 2017.

Ruiz Molina ha explicado que la decisión de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez se sustenta en el principio de autonomía financiera, por el que los recursos de las comunidades autónomas no pueden estar al albur de decisiones unilaterales de la administración estatal, y el principio de lealtad institucional.

El consejero, no obstante esta autorización para reclamar por la vía administrativa y judicial, confía en que este problema, que ha recordado que viene del gobierno anterior cuando era ministro Cristóbal Montoro, se pueda resolver mediante el diálogo.