El PP regional ha denunciado hoy la privatización por parte del Gobierno castellanomanchego del servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de agresión sexual "presuntamente de forma ilegal e irregular" porque ha sido adjudicado "a dedo" a una asociación, y el PSOE lo ha negado.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha asegurado hoy en rueda de prensa que el servicio público gratuito ya existe a través de un convenio entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía.

Así, ha indicado que el servicio a las víctimas "se viene prestando sin ningún reparo" y que hay "miles de abogados" que están en los turnos que prestan la asistencia jurídica en los casos de agresión sexual.

Por tanto, ha criticado que el Ejecutivo regional haya destinado 230.000 euros en la adjudicación "a dedo" del servicio a una asociación y que este proceso se haya hecho sin concurrencia pública y sin tener en cuenta los méritos y capacidades.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno autonómico tendrá que explicar por qué lo ha hecho de una forma "irregular" y "despilfarrando dinero público", además de "olvidar a abogados y psicólogos" a los que -ha añadido- el presidente regional, Emiliano García-Page, "desprecia y ningunea".

Para el PP, esta "privatización" del servicio no tiene ninguna explicación "más allá de intereses espurios y de saltarse la ley", lo cual -ha dicho Robisco- no entienden los abogados que están "muy preocupados" por esta situación.

"Todo lo machista que se puede ser"

Por su parte, la portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Blanca Fernández, ha tildado de "clamorosa y dura" la denuncia del PP, además de afirmar que es "todo lo machista que se puede ser a la hora de hablar un servicio indispensable y demandado por las víctimas como es un asesoramiento complementario".

En una rueda de prensa posterior, Fernández ha explicado que las víctimas de agresiones sexuales no siempre son consideradas como víctimas de violencia de género y "les puede caer un abogado de oficio que no sea experto en violencia de género".

Según la portavoz socialista, el nuevo servicio que el Ejecutivo castellanomanchego va a poner en marcha no es para sustituir la asistencia jurídica gratuita a través de los colegios de abogados sino que servirá para complementar, y ha añadido que el servicio ha sido "contratado con todos los pasos legales para su adjudicación".

La diputada regional del PSOE ha criticado que el PP intente "polemizar absurdamente" en este tema o defender "los intereses de algún colegio de abogados que haya podido protestar", aunque ha agregado que lo duda.

"Para el Gobierno de Castilla-La Mancha todas las víctimas de agresión sexual son víctimas de violencia de género", ha manifestado, y por tanto el objetivo con el nuevo servicio es "ayudar a los abogados" con expertos en violencia de género, ya que "no se puede exigir a los abogados de oficio ser expertos en todo", ha concluido Fernández.