La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, que acelere las medidas de mejora del empleo público en Castilla-La Mancha, como la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, el fin de las penalizaciones por incapacidad temporal, el desbloqueo de la carrera profesional y Ofertas de Empleo Público con tasas de reposición de efectivos del cien por cien en todos los sectores, pero con un ocho por ciento adicional para la creación de empleo neto, así como otra convocatoria extraordinaria para la estabilización de empleo temporal.

CSIF ha valorado la intención del Gobierno regional de implantar la jornada laboral de 35 horas a partir del 1 de enero de 2019, pero ha afirmado no entender esta demora y ha apelado al acuerdo del pasado mes de junio entre la Junta de Extremadura y los representantes sindicales para llevar a cabo esta medida sin necesidad de esperar una respuesta del Gobierno central, así como al firmado en julio en Andalucía que procede a la implantación total y efectiva de la jornada de 35 horas en todos los sectores de la Función Pública andaluza, incluyendo la reducción de horas lectivas semanales de docentes a 18 en Secundaria y 23 en Primaria.

El sindicato ha recordado en nota de prensa que las 35 horas ya están planteadas en el II Acuerdo de Mejora del Empleo Público que firmó CSIF con el Ministerio de Hacienda el pasado 9 de marzo, señalando que su aplicación es responsabilidad de las diferentes comunidades autónomas.

Para CSIF, los acuerdos alcanzados en Extremadura y Andalucía también comprenden el fin de las penalizaciones en los casos de incapacidad temporal, desbloqueo de la carrera profesional, el impulso de planes de igualdad, la revisión de complementos específicos en puestos no singularizados y el desarrollo de mejoras en las condiciones laborales en los ámbitos educativo y sanitario, reivindicaciones que impulsó CSIF también a nivel nacional en el II Acuerdo firmado en marzo.

Por ello, CSIF ha reiterado su petición a García-Page de que proceda a equiparar las condiciones de los empleados públicos de la región con los de otras comunidades donde se producen avances.