CCOO de Castilla-La Mancha ha exigido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que expulse a una contrata de seguridad que "desde hace cinco meses aplica a sus trabajadores un convenio anulado por la Audiencia Nacional, incumpliendo además el acuerdo de estabilidad en las contratas de la Junta". Según ha informado el sindicato en nota de prensa, Ariete Seguridad, que tiene adjudicada la contrata de seguridad de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Guadalajara desde 2014, venía aplicando a los 22 vigilantes el convenio estatal de seguridad privada.

"Pero el pasado 1 de enero, aprovechando la reforma laboral del PP, se dotó de un convenio colectivo propio y desde entonces les recorta cada mes entre 180 y 200 euros de las nóminas", ha afirmado el sindicato. CCOO ha recordado que advirtió al delegado de la Junta en Guadalajara y al director de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Integrada de que esta actuación de Ariete Seguridad infringía el acuerdo de estabilidad en el empleo de las contratas de la Junta, firmado en julio de 2017 por el Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos CCOO y UGT.

En marzo, la federación de CCOO-Construcción y Servicios de Guadalajara registró formalmente la correspondiente denuncia en la delegación provincial del Gobierno regional, reclamando la expulsión de la contrata.

El sindicato ha señalado que, a continuación, el 9 de abril, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró la nulidad íntegra del convenio de empresa de Ariete Seguridad, sentencia "que es conocida tanto por el delegado de la Junta en Guadalajara como por el director de Gestión y Servicios Generales".