El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado para personas con discapacidad, que incorpora un plan personal de futuro y garantía residencial para los beneficiarios, actualmente unos 35.000 discapacitados gravemente afectados.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, han informado hoy en rueda de prensa sobre la aprobación de este proyecto de Ley novedoso en España y que da una respuesta a la "angustia" de muchos padres de personas con discapacidad de qué será de sus hijos cuando ellos no estén. También han estado presentes los directores generales de Atención a la Dependencia y Mayores y Personas con Discapacidad, Ana Saavedra y Javier Pérez, respectivamente.

El proyecto de ley, que consta de 19 artículos reunidos en tres títulos, 2 disposiciones adicionales y 3 disposiciones finales, se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha para su tramitación parlamentaria y el Ejecutivo confía en la unanimidad de todos los partidos porque es la ley "más social" de la comunidad autónoma.

Para este ejercicio 2018 el proyecto cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros para crear entidades de orientación y apoyo y plazas especializadas, según datos aportados por la consejera quien ha precisado que en la actualidad hay más de 400 plazas de este tipo.

Una ley pionera

“Es una ley pionera, una ley sencilla, que va a dar tranquilidad a las familias y, además, protección y apoyo garantizado a las personas con discapacidad de Castilla-La Mancha”, ha aseverado Sánchez, quien ha resaltado que es “fruto de la voluntad política y personal del presidente de Castilla-La Mancha para dar tranquilidad a las familias y una respuesta a la angustia de muchos padres que se preguntan qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos”.

La consejera de Bienestar Social ha explicado que la ley da respuesta al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por tanto, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.

Ha explicado que la ley se configura como “un instrumento jurídico en el ámbito de las competencias en materia de Servicios Sociales que confiere el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que permita a la persona con discapacidad que presente limitaciones en su autonomía para la toma de decisiones, configurar de forma dinámica los apoyos que pueda necesitar a lo largo de su vida”.

“Es una ley novedosa porque no existe en todo el territorio español algo similar”, ha afirmado Sánchez, quien ha explicado que, para el desarrollo de la ley, se plantean “dos grandes objetivos, sistema de apoyos y garantía de apoyo residencial”.

Planes personales

De este modo, se elaborarán planes personales de futuro para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones y se impulsarán unidades de orientación y apoyo con orientadores; la puesta en marcha de una oficina regional de orientación y apoyo, y el registro de los planes de futuro.

También se establecerá una garantía de apoyo residencial, una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones para la toma de decisiones no cuente con sus apoyos familiares. Para ello, el proyecto de ley establece una garantía de preferencia de acceso a la red de recursos residenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aquellas personas con discapacidad que carezcan de apoyos familiares.

El presupuesto para 2018 -que permitirá el desarrollo de la ley- asciende a cinco millones de euros, que conllevará la creación de más de 400 plazas de atención especializada y 85 plazas residenciales para personas con trastorno mental.

Beneficiarios

Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla la ley son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y, en concreto, son 35.716 personas que representan un 25,36 % del total de las personas con discapacidad que hay en Castilla La Mancha.

En Castilla-La Mancha, hay 140.823 personas valoradas con un grado de discapacidad  igual o superior al 33%, que engloban a las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial.

“Esperemos que esta ley cuente con la unanimidad de todos los grupos políticos en las Cortes, esta es la ley más social de Castilla-La Mancha, es una ley que da tranquilidad a las familias”, ha recalcado la consejera de Bienestar Social, quien también ha destacado la colaboración de las fundaciones tutelares y la participación del CERMI Castilla-La Mancha en la elaboración de la ley.