Este lunes se ha abierto la consulta pública del futuro anteproyecto de ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha y este mismo mes de febrero se empezará a trabajar en el articulado de esta ley, que será "de las más avanzadas" del país y que se prevé que pueda estar aprobada este año 2018.

Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto al presidente de la Mesa del Tercer Sector, Braulio Carlés, tras un encuentro de trabajo que la Mesa ha mantenido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida.

Hasta el 25 de febrero estará abierta la consulta pública de la futura ley en el correo electrónico transparenciabs@jccm.es y, además, este mes de febrero se convocará la comisión mixta del tercer sector -integrada por trabajadores de la Consejería, expertos y miembros de la Mesa- para comenzar a trabajar en el borrador del articulado del anteproyecto de ley.

La previsión de la Consejería es que los trámites estén finalizados antes del verano y que este mismo ejercicio 2018 esté aprobada la ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.

La consejera ha señalado que la futura ley es "necesaria" porque establecerá el marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran el tercer sector social e impulsará su cooperación y colaboración entre sí y con el sector público y las empresas.

Ha agradecido la colaboración de la Mesa del Tercer Sector y ha dejado claro que en el diseño de la ley se trabaja "muy cerca" con sus integrantes por lo que espera que nazca con el "mayor" consenso.

De las más "avanzadas" del país

La normativa de Castilla-La Mancha será "de las más avanzadas" del país y, además, pionera, porque solo existe la ley de ámbito nacional (de octubre de 2015) y la del País Vasco (mayo de 2016).

Aurelia Sánchez ha señalado que el objetivo "fundamental" es impulsar un nuevo modelo de relación entre las entidades sin fin de lucro de modo que puedan "reforzar los servicios públicos" en base al "saber hacer" que tienen estas entidades.

También es un objetivo acometer actividades de intervención social que están desarrolladas por las entidades, entre ellas sensibilización y participación en la elaboración o modificación de normas, articulación de la solidaridad organizada, detección de necesidades, investigación o prevención de la exclusión social en aras a favorecer la igualdad, entre otras.

En suma, ha indicado Sánchez, el desarrollo de la ley sentará las bases de futuro concierto social, que busca "dar seguridad" a los servicios públicos que estén prestados por entidades sin fin de lucro y "dar estabilidad" al sector, a sus profesionales y, sobre todo, a los usuarios, que son los destinatarios de los servicios sociales.

La consejera ha señalado los avances que ya se han alcanzado en Castilla-La Mancha con las entidades sociales, ya que en sus proyectos, dirigidos por ejemplo a mayores, personas con discapacidad o colectivos en situación de pobreza o exclusión social, las entidades reciben pagos mensuales al igual que las corporaciones locales.

A lo largo de 2017 la comisión mixta del tercer sector ha realizado reuniones en cada provincia para elaborar un estudio sobre este tercer sector en Castilla-La Mancha, que se conocerá en breve, ha avanzado la consejera.

Un sector que trabaja "por la persona"

Por su parte, Braulio Carlés ha señalado que tercer sector supone en Castilla-La Mancha el 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y ha dicho es "importante" la futura ley en cuanto al concierto social y el diálogo con "unos actores sociales que tenemos mucho que aportar porque nuestra realidad está en la persona".

Ha recalcado que el tercer sector trabaja "por la persona", en particular la que tiene más dificultad, por lo que la futura ley debe "facilitar" la vida a las personas con mayores dificultades.

La Mesa del Tercer Sector se constituyó en julio de 2016 por cinco destacadas organizaciones de carácter social: Cáritas, Cruz Roja, ONCE, CERMI-CLM y EAPN-CLM.