Parafraseando el viejo refrán “a falta de pan buenas son tortas”, o lo que es lo mismo, confórmate con lo que tengas y no te quejes, la política contemporánea ha hecho posibilismo nutricional, y en ausencia de militancia, o sea, afiliados, le tira los tejos sin disimulo al cuerpo funcionarial, causa de su exponencial crecimiento.

En estos días, a un año y medio para las elecciones locales y la de mayoría de las comunidades autónomas, resulta revelador que en todas esas administraciones se anuncien convocatorias de numeroso empleo público, tanto de carácter funcionarial como de interinos. Lo segundo es lo que más interesa al político. Los otros, cuando ganan la oposición ya no deben nada a nadie y dejan de ser manipulables en gran medida.

No obstante, se han intentado hacer guiños al funcionariado de carrera en una maniobra ilegal de reducir su jornada labora semanal de 37,5 horas a 35, aprovechando el malestar por las congelaciones de salario y pago de alguna extraordinaria con la que se vieron afectados por la crisis, y que luego han ido recuperando al mismo ritmo que la sociedad en general ha comenzado a respirar algo, no mucho, pero algo.

Sin ir más lejos, el caso más notorio lo tuvimos en Castilla-La Mancha, donde el responsable de los cuartos, Ruiz Molina, antes que aplacar cualquier otro recorte, anunció a bombo y platillo que les iba a reducir esas 2,5 horas semanales a los funcionarios, sabiendo que anunciaba la comisión de una ilegalidad que el Tribunal Supremo le echó para atrás de forma palmaria, sin posibilidad de discusión: usted no es competente, le dijo en sentencia firme. El consejero no se tomó a mal que la más alta magistratura le recusase, sin mencionarlo expresamente, semejante ignorancia en quien ocupa puesto de tan alta responsabilidad. Y ahí sigue, después de un año perdido para otras cosas.

Los funcionarios de carrera no creo que tengan gran problema en trabajar más o menos horas semanales, aunque los sindicatos, que también andan a la baja de afiliación traten de sacar seguidores en ese yacimiento. La ventaja que tiene el funcionariado actual, además de haber acabado con la figura del cesante, es que una vez superada la oposición en justa con otros cientos o miles de aspirantes, se tiene ganado el puesto a pulso y la gratificante sensación de que su medio de vida no se lo debe a ningún favor relacionado con carnés sindicales o políticos.

Toda la sucesión de convocatorias de empleo público de estos días, que se irá agrandando en fechas próximas con la intención de que las pruebas den la posibilidad de que el acceso al puesto sea inmediatamente antes de las próximas citadas elecciones, tienen el precio de un voto, no individual, sino familiar. Especialmente en los puestos de trabajo reservados para interinos, que siempre tendrán la obligación moral de agradecer el gesto, como es normal en personas bien educadas.

Es verdad que los más de tres millones de empleados públicos de España tienen, con sus familias, una fuerza electoral decisiva, al fin y al cabo pueden ser casi diez millones de sufragios, cerca de un tercio de los españoles con derecho a voto. Sólo hace falta saber hasta qué punto son manipulables, influenciables o dirigidos por su empleador o por el carismático líder que representa los intereses del proletariado en el siglo XXI, o sea, cuando la prole ya no existe.