Esta vez parece que va en serio. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su Gobierno tienen una clara intención de llevar a cabo la reforma del Estatuto de Autonomía en los próximos meses y para ello quieren iniciar esta misma semana una ronda de contactos con los partidos políticos para ponerse manos a la obra y alcanzar un principio de acuerdo antes del próximo verano. El objetivo es ambicioso pero viable y el Ejecutivo autonómico, que en la pasada legislatura no quiso abordar este asunto central, ahora sí está dispuesto a reformar el Estatuto y también la Ley Electoral de Castilla-La Mancha. La mayoría absoluta de la que actualmente gozan Page y el PSOE en las Cortes regionales les dan una notable tranquilidad a la hora de tener la certeza de que la reforma sólo podrá llevarse a cabo con los contenidos que previamente hayan recibido el visto bueno de los socialistas.

En todo caso, la intención del Gobierno castellano-manchego es poner en marcha estas dos importantes reformas, el Estatuto y la Ley Electoral, con el mayor consenso posible, no sólo dentro del Parlamento regional sino también hablando incluso con las formaciones políticas extraparlamentarias. De momento, según lo anunciado desde el Ejecutivo, en los próximos días se van a iniciar los contactos con el PP y Ciudadanos para empezar a negociar estas dos reformas que pueden dar un significativo impulso a cuestiones de gran envergadura para Castilla-La Mancha. Los líderes regionales de PP y Cs, Paco Núñez y Carmen Picazo, tienen una buena disposición en este sentido y, desde luego, se van a sentar a negociar con el equipo de Page, ya veremos con qué nivel de consenso.

Entre las cuestiones a abordar dentro de estas reformas hay algunos asuntos que parecen estar en la agenda política. Por un lado, parece haber un cierto nivel de acuerdo en garantizar por la vía del Estatuto algunos derechos sociales importantes en los ámbitos de la sanidad, la educación y la dependencia, reforzando así el servicio público a los castellano-manchegos. Se trata de una idea general, que habrá que ir matizando, pero que si hubiera consenso al respecto podría potenciar significativamente los derechos ciudadanos. Además, se quieren introducir medidas de regeneración política y buen gobierno y se buscarán fórmulas para garantizar una mejor financiación autonómica para Castilla-La Mancha, asunto este que depende del Gobierno central pero en el que se quiere llevar una postura común al menos de los tres partidos con representación en las Cortes regionales.

Otro asunto que tiene su importancia es la reforma de la Ley Electoral y dentro de ella la posibilidad de ampliar el número de diputados regionales del Parlamento castellano-manchego, actualmente situado en 33. Aquí todavía las posiciones no están claras, pero no se descarta algún tipo de acuerdo para ampliar el número de escaños a elegir y volver al menos a las cifras de la época anterior al Gobierno de María Dolores de Cospedal, rondando el medio centenar de diputados. Ni el PSOE, ni el PP ni Ciudadanos han ofrecidos cifras concretas al respecto, ni tampoco una voluntad inequívoca de ampliar la Cámara, pero esa opción está en el ambiente. Los que sí quieren una fuerte ampliación de escaños son los dirigentes de Podemos e Izquierda Unida, y así lo han venido manifestando sobre todo el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, que en algún momento planteó un Parlamento autonómico de más de sesenta escaños. Lógicamente esta ampliación, en caso de llevarse a cabo, tendría que conllevar otros cambios en la Ley Electoral que vayan más allá de la mera cifra y establezcan más justicia y representatividad entre lo que eligen los ciudadanos en las urnas y lo que finalmente se refleja en las Cortes.