No obstante a la defectuosa gestión que se está realizando en la crisis de la covid-19 en este país y de la situación actual de su economía, algunas administraciones autonómicas como Valencia, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, y Navarra han decidido, ahora que se aproximan las navidades, darse un aguinaldo en forma de incremento salarial del 0,9 por ciento a partir del próximo año, el mismo que se ha aplicado a toda la Administración Pública. Un estimulo que beneficia igualmente a todos los altos cargos de los respectivos gobiernos autonómicos. Por su parte, Canarias, Asturias, Galicia, Castilla y León, Cataluña, y el País Vasco aún no han tomado una determinación, mientras otros territorios como Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Murcia, y Madrid sí lo han hecho y no aplicarán esta subida, confirmando así la congelación de sus salarios durante 2021.

De la misma forma, aquí en Castilla-La Mancha, la alcaldesa toledana, Milagros Tolón, ante la situación de todos los “toledanos que peor lo están pasando” ha decidido dar ejemplo y congelar los sueldos en 2021 de los concejales de la Corporación municipal, gobierno y oposición, además de los puestos eventuales y de confianza. Tan sólo los empleados municipales se beneficiarán de la subida del 0,9 por ciento marcada por el Gobierno. Igualmente, la regidora ha puesto en marcha medidas de manera excepcional y mientras dure la pandemia para ayudar al sector hostelero y otros compartimentos económicos de la capital regional.

Nos encontramos ante un agravio abrumador de las administraciones que han decidido aplicarse el aumento frente a las familias, autónomos y empresas que ven recortada por la pandemia su economía con una sucesión interminable de EREs, ERTEs, reducciones salariales, y otros sacrificios a la espera de una recuperación que no se vislumbra. Una crisis que hasta ahora en España ha obligado a echar el cierre a cerca de100.000 empresas,y con previsiones de superar el20% de desempleados al término del año. Una recesión gestionada por unos políticos que, sin rubor alguno, se suben el sueldo, culminando la indecente punta del iceberg de un problema mucho mayor.

La crisis del coronavirus, cuyo ritmo de contagios y hospitalizaciones no cesa en los últimos días, está exigiendo sacrificios a ciudadanos, empresas, y autónomos que se han visto obligados a recluirse, e incluso perder temporalmente sus trabajos, sino definitivamente, y a cerrar sus negocios. Una parálisis generalizada en el sector productivo que está mermando la capacidad del tejido empresarial, incapaz de hacer frente a un escenario tan indeseable como insoportable. Un penoso episodio que reclama una reflexión sobre cómo se reparte el esfuerzo en este país a la vista de la actitud de determinados políticos y gobiernos. Una casta que en absoluto predica con el ejemplo ante el sacrificio inmenso que se ven obligados a realizar tantos ciudadanos, autónomos y pymes hartos del ejemplo de algunos mandatarios. Un abuso inadmisible que la sociedad ni puede pagar ni asumir por más tiempo.