Tiene hoy la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, una cita fundamental en Madrid para los intereses de esta tierra. El secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la ha convocado, junto a sus homónimos de Andalucía y Madrid, para coordinar las medidas que van a llevar a cabo las distintas administraciones con el fin de intentar mantener el empleo en las plantas que tiene Airbus en sus respectivos territorios.

La empresa, participada por España junto a otros gobiernos europeos, ha decidido reestructurarse en todo el continente, y anuncia el despido de 2.362 trabajadores hasta finales del próximo año, de los que 630 se localizan en España. El fabricante europeo de aviones justifica tamaño ajuste por los contratiempos que arrastra el Airbus A400M, el gran proyecto de transporte militar europeo, cuyos costes se han disparado y los pedidos en 2019 se han saldado con apenas 14 entregas. A esta situación, paradójicamente, se unen los problemas de su gran competidora Boeing, a cuyo modelo 737 MAX Airbus se encarga de la fabricación de los cobertores y el timón vertical de los motores de alguno de los aviones de la firma norteamericana.

Aún cuando las factorías más afectadas por la reestructuración de la aeronáutica serán las de Sevilla y Cádiz, donde se ensambla el A400M, también las de Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid) se verán perjudicadas con la medida, un ajuste que ahora se tendrá que negociar con los sindicatos que ya se han movilizado. Por el momento, la planta de Airbus en Albacete no está incluida entre las que sufrirán recortes de personal.

No es cuestión baladí a la que Franco se enfrenta hoy en el Ministerio. La capacidad negociadora de la consejera queda muy reducida, precisamente en un momento donde la influencia de España en la toma de decisiones en Airbus es cada vez menor. Un efecto que se ha podido confirmar con la interrupción en sus factorías españolas de nuevas cargas de trabajo para aviones comerciales tras dejar de fabricar el A380. No obstante, los trabajadores de Airbus en la región mantienen su confianza en el Gobierno de Castilla-La Mancha para salvar una complicada situación que se proyecta más allá de los límites de su territorio. Una disposición, por cierto, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez no parece haber puesto mucho de su parte tras la decisión reciente del Ministerio de Defensa de asignar a Indra en lugar de a Airbus el papel de coordinador en el futuro caza de combate europeo, el FCAS.