Es la leche uno de esos productos gancho que las grandes superficies ofrecen en sus lineales a precios muy bajos, incluso a pérdidas, un reclamo para atraer al cliente hasta sus instalaciones y de paso poder vender otros artículos. La cadena alimentaria sufre de esta forma tal presión que siempre lo acaba pagando el mismo, es decir, el ganadero. A las coacciones que en defensa de su producto sufre el productor, se unen otras que no se contemplan precisamente en los escaparates de los supermercados, aunque igualmente van en contra de sus intereses.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 80,6 millones de euros a diez empresas que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España. Una multa debida a la conducta ilícita con la que actuaban estas sociedades por intercambiar información con el fin de coordinar estrategias comerciales en perjuicio de los intereses de los ganaderos. Una práctica anticompetitiva a nivel nacional y regional sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra a ganaderos, y excedentes de leche. Una costumbre que les llevaba a consensuar y adoptar estrategias conjuntas para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche de vaca. Incluso, en ocasiones, estas infracciones se habrían materializado en acuerdos concretos para cederse ganaderos entre industriales, coordinar las cotizaciones de compra de la leche, y evitar así ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los productores.

Los ganaderos de esta región no han sido ajenos a estas prácticas ilícitas pues alguna de las empresas sancionadas operan de forma muy activa en esta tierra. Además de a la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, Calidad Pascual, Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, Nestlé España, e Industrias Lácteas de Granada (Puleva), la CNMC ha sancionado igualmente a dos empresas que desarrollan una importante actividad comercial en Castilla-La Mancha: son Schreiber Food España y Grupo Lactalis Iberia. La primera, con fabricas en Noblejas y Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, ha sido multada con 929.644 euros, mientras que Lactalis, en Villarrobledo (Albacete) y Guadalajara, lo ha sido con 11,6 millones de euros. También Forlactaria, en Villarrobledo, ha sido participe de estas conductas, si bien la CNMC ha considerada prescrita su infracción.

De nuevo, el ganadero de esta tierra resulta el perjudicado protagonista de las tropelías de un grupo muy importante de empresas del país que no reparan en limitar y constreñir el mercado de la leche en su propio beneficio. Productores que carecen de la libertad y condiciones necesarias para defender el precio de la leche, mientras que diversos transformadores, sin escrúpulo alguno, lo manejan a su antojo con el consiguiente perjuicio para el ganadero.