En los próximos días se cumplirá el décimo aniversario de la intervención de Caja Castilla La Mancha. Una toma de control, en plenas negociaciones con Unicaja para una eventual fusión, que se produjo tras convocatoria “urgente y extraordinaria” de un Consejo de Ministros en el que se acordó igualmente la sustitución de todos los miembros de su consejo de administración por otros designados del Banco de España. Se trataba de la primera intervención de una entidad financiera en España por la crisis. De hecho, en este país no se intervenía un banco desde 1993, cuando se produjo la del Banco Español de Crédito.

Entre los errores más grotescos que llevaron a la caja presidida por Juan Pedro Hernández Moltó a su total destrucción se focalizaron posteriormente en un exceso de endeudamiento externo para invertir en ladrillo tóxico, y unos proyectos megalómanos como el del aeropuerto de Ciudad Real donde CCM participaba con un 25 por ciento. Igualmente, al descomunal riesgo concedido a promotores locales bajo el manto del PSOE como Domingo Díaz de Mera, Ignacio Barco y Román Sanahuja, que copaban créditos equivalentes al 40 por ciento de los recursos propios de la caja, y también a la desproporcionada apuesta de la caja con inmobiliarias como Colonial (Domingo Díaz de Mera y Luis Nozaleda) y unos proyectos basados en la burbuja inmobiliaria, entre otros.

Diez años más tarde CCM, con alrededor de 3.000 empleados y cerca de 600 oficinas en el momento de su intervención, ha desaparecido completamente de Castilla-La Mancha y otros territorios donde la caja estaba también presente. Un proceso saldado simbólicamente con una sanción económica para sus dos máximos responsables (Hernández Moltó y Ortega) y pena de cárcel, sin pisar el presidio, por falsear cuentas y encubrir pérdidas millonarias. Un sumario que acaba de finiquitarse tras dar por concluido  el compendio de liquidación del EPA concedido por el Estado a raíz de la compra de CCM por parte de Liberbank- ahora en negociaciones de integración con Unicaja- y donde la entidad asturiana ha recibido un total de 2.475 millones de euros del Fondo de Garantías de Depósitos por quedarse con la caja castellano-manchega.

Las ruinas de la que fuera entidad financiera de referencia en la región  se muestran ahora con otra marca gracias a la utilización que de CCM hizo en su día la clase política regional como colaboradora necesaria para su destrucción. Un clan donde sus mandarines repartían  sinecuras a discreción. Un gobierno socialista, presidido por José María Barreda, que invadió con descaro y sin rubor alguno una institución en el que se encargaba a su antojo de nombrar consejeros, directivos y hasta presidente incapacitados, por ignorancia o subordinación, para gestionar una entidad que exigía conocimiento y autonomía en las decisiones. Un proceso que trataba de complacer a unos amigos y, de paso, poder controlarlos. Unos sujetos alguno de los cuales todavía deambula por ahí.