Unicaja, la entidad que en 2009 estuvo a punto de integrar a CCM en su organización y cuyos negociaciones fracasaron posteriormente a la vista de la desastrosa situación financiera por la que atravesaba en esos momentos la entidad presidida por Juan P. Hernández Moltó, pretende ahora concluir una drástica restructuración que se saldará con nuevos despidos y cierres de oficinas que afectarán también a Castilla-La Mancha. El proceso se inicia cuando Unicaja ya ha devuelto los 604 millones de euros que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), inyectó para rescatar Caja Duero y Caja España.

El banco malagueño ha comunicado a los sindicatos un drástico ajuste que llevará a cabo en todos los territorios donde se encuentra establecida, incluida Castilla-La Mancha donde tiene abiertas más de sesenta oficinas principalmente en la provincia de Ciudad Real. El recorte supondrá la salida de más de 1.000 empleados, aproximadamente el 15 por ciento del total de su plantilla, además del cierre de un número indeterminado de oficinas.

No será el último proceso de reestructuración de la banca en España. Los supervisores europeos, incluido el Banco de España,  contemplan nuevas fusiones propiciadas también por la cada vez mayor digitalización del sector.  Santander España  tiene previsto, una vez se haya producido la fusión definitiva de redes de Santander y Popular, iniciar en marzo un ajuste de unos 3.000 empleados y el cierre de muchas oficinas. La clausura de sucursales ha sido generalizada en todo el territorio del Estado durante el periodo de reestructuración bancaria: el 28 por ciento al término del pasado año. Simultáneamente, más de 4.200 municipios, cerca del 50 por ciento de todo el país, no disponen ya de oficina bancaria, según datos del Banco de España. Una red de oficinas que el supervisor asegura seguirá cayendo al ser la española la que tiene en Europa el mayor número de oficinas y a la vez más pequeñas.

Una situación que hace que el sector bancario en este país se encuentre en permanente estado de reestructuración con una  continua pérdida de efectivos. También de servicios en las localidades más pequeñas con el consiguiente perjuicio para la mayor parte de sus usuarios. Una España rural, mejor dicho, la despoblada, donde algunas zonas de Castilla-La Mancha son un buen ejemplo, que avanza sin que nadie ponga remedio. Pueblos abandonados no solo por los bancos, antes lo hizo incluso la Administración, cerrando centros médicos y escuelas, y que ya no son negocio para nadie: ni bares, ni supermercados, ni para la Iglesia, que también ha cerrado algunos templos. Localidades donde se concentran mayoritariamente los colectivos más sensibles  de sufrir la brecha tecnológica, por tener menor cultura financiera o peor, o incluso nula, y  con un tradicional uso del dinero en efectivo.