Lamenta la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanzas (ANELE) -un poderoso lobby integrado por las principales editoriales del país- que tras la aplicación de la última reforma educativa, la LONCE, se ven obligados a hacer hasta 25 versiones distintas para una misma asignatura y curso. Incluso este número aumenta cuando se editan libros en las lenguas cooficiales y en inglés para distintas materias. Un sector que controla en España la venta de 46 millones de libros de texto, para un total de  ocho millones de alumnos no universitarios. Tan sólo entre las tres principales editoras del país -Santillana, SM y Anaya, que representan el 50% del mercado nacional- publican hasta 58 libros de Matemáticas en 4º de Primaria o 55 de Lengua.

Según ANELE, el gasto medio anual por alumno en libros de texto no universitario asciende a 106 euros, un desembolso que podía rebajarse sustancialmente si entre las editoras no hubiesen pactado precios en su comercialización e intercambio de información comercial sensible, de acuerdo con la investigación abierta a este sector por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La CNMC ha incoado expediente sancionador a las más importantes editoras de libros de texto en España- ver EL DIGITAL de este lunes- por “posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la edición y comercialización de libros de texto”. Una investigación que el organismo oficial encargado de preservar la competencia ha iniciado tras la denuncia presentada por la Editorial Vicens Vices.

Trampas que la patronal del sector niega y que se han detectado especialmente, entre otros, en centros de titularidad católica por su vinculación con estas editoriales. Son los casos del grupo SM (Santa María) fundado por los Marianistas; grupo EDEBÉ, una editorial propiedad de los Salesianos; Edelvives, perteneciente al Instituto de los Hermanos Maristas, o el grupo Anaya que en 2004 se asoció a Editorial Bruño fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle.

Aún cuando las editoriales que quejan de las “políticas inciertas” en materia de Educación en España, con los consiguientes “perjuicios económicos” para todas ellas, el aumento de precios de los libros de texto en nuestro país ha sido en los últimos años más elevado que el del conjunto de libros y por encima del IPC. Un valor que podía haber repercutido de una forma más efectiva y sobre todo económica entre los consumidores de no haberse producido las practicas anticompetitivas y de comercialización de libros de texto no universitarios que denuncia la CNMC.

Un procedimiento habitual bajo sospecha que señala a los centros de titularidad católica como uno de sus principales promotores, y a Castilla-La Mancha -con ochenta y ocho escuelas católicas en la región, tres mil docentes, y más de cuarenta y seis mil alumnos- como territorio especialmente afectado por estas prácticas ilegales.