La deuda pública es una de las magnitudes económicas más preocupantes en España. El conjunto de las Administraciones públicas en nuestro país tiene al finalizar el tercer trimestre del año una deuda global de 1,136 billones de euros, nada más y nada menos que el 98,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), o sea, el índice de la riqueza nacional copado casi en su totalidad por el dinero que debemos como nación. De esa espectacular cifra, la deuda que corresponde a las autonomías alcanza los 284.047 millones de euros, el 24,7 por ciento del PIB.

En este contexto, Castilla-La Mancha soporta en este mismo periodo una inabarcable y angustiosa deuda pública de 14.313 millones de euros, lo que supone nada más y nada menos que el 36,4 por ciento del PIB castellano-manchego, un dato astronómico y preocupante que convendría reducir significativamente en la medida de lo posible. En estos momentos, Castilla-La Mancha es la quinta comunidad española mayor deuda global en términos absolutos y la segunda en relación al PIB, lo que supone que las cuentas públicas de la región tienen un enorme problema financiero, más aún cuando nuestra región está en el grupo de cola de la riqueza regional en España.

En términos absolutos, la deuda de Castilla-La Mancha sólo está por debajo de la deuda de Cataluña, con 76.831 millones; Comunidad Valenciana con 44.435 millones de euros; Andalucía con 33.361 millones y Comunidad de Madrid con 32.517 millones. La quinta es Castilla-La Mancha con 14.313 millones de euros. En términos de porcentaje respecto al PIB, Castilla-La Mancha es la segunda con mayor deuda, con un 36,4 por ciento, sólo superada por la Comunidad Valenciana con un 40,9 por ciento. La tercera en esta ranking es Cataluña con un 35,1 por ciento de si riqueza.

España y las autonomías en general y Castilla-La Mancha en particular deberían hacer una reflexión sobre la conveniencia de mejorar estos números con la mayor urgencia posible.