Es una gran noticia que las Cortes de Castilla-La Mancha hayan aprobado la pasada semana por unanimidad la nueva Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, que afecta tanto a las microempresas cooperativas como a las cooperativas rurales de la región, un sector claramente estratégico y fundamental en la economía castellano-manchega, como ha reconocido la consejera de Empresas y Empleo de la Junta, Patricia Franco. El hecho de que la ley haya salido adelante por consenso es un claro indicador de que se trata de un buen texto normativo y de que todas las opciones políticas comparten su objetivo de dar un impulso al conjunto de cooperativas de la comunidad.

Los datos de este sector económico son claramente reveladores de su importancia actual en Castilla-La Mancha. Según datos oficiales del Ejecutivo regional, las empresas de economía social suman más de 2.100 en nuestra comunidad autónoma, de las cuales más de 1.300 son cooperativas y generan más de 13.000 puestos de trabajo. Se trata, por tanto, de un colectivo de gran potencial económico e importancia para la sociedad castellano-manchega que con esta nueva ley recibirá un apoyo significativo desde el poder político. El principal objetivo de la ley es que las cooperativas de Castilla-La Mancha crezcan de manera relevante y lo hagan, además, de forma homogénea y sustancial.