Leo con asombro el último anuncio del presidente de Castilla-La Mancha. Ha dicho esta semana Emiliano García-Page que este mismo mes de abril “se va a aprobar un plan especial de empleo para más de 17.000 puestos de trabajo”. La afirmación parece baladí. Puede que incluso quien la redactara pensara que había tenido una gran idea. He repasado fotos del evento para ver si en algún momento asomaba algo de sonrojo en el presidente, a ver si, en algún gesto de sus manos o en alguna inflexión de su voz, se notaba que, en el fondo, él sabía que eso que acababa de decir era un sinsentido.

Pero no encontré señal exculpatoria alguna, así que he de pensar que lo dijo en serio. Es decir, que el presidente de la Junta se cree de verdad que las cosas se solucionan inventándose puestos de trabajo, como si estos crecieran del campo yermo del presupuesto público. En cualquier economía de libre mercado, como la que se supone que impera en el Occidente civilizado,  los puestos de trabajo los determina el saneadísimo partido que tradicionalmente disputan la oferta y la demanda. Es decir, si yo quiero abrir un bar en Albacete, analizaré las condiciones de la zona, de mi local y del horario para ver cuántos trabajadores tendré que contratar. Si el negocio prospera, tendré más empleados y si fracasa, tendré que cerrar y, cumpliendo lo que dicta la ley, prescindir de mis trabajadores. Parece de sentido común.

Pues no tanto. En Castilla-La Mancha, como en otras regiones vecinas, desde hace tiempo se ha instalado en la conciencia oficial de sus gobernantes que eso de que el paro no disminuya como quieren no puede ser, y que, ante semejante injusticia, solo cabe una opción: inventarse puestos de trabajo para maquillar las cifras. Claro, esos empleos, normalmente, son ficticios, ya que se crean necesidades para justificarlos. Y por si esto fuera poco, a esos nuevos empleados que dependen del dinero público (es decir, del dinero que cada mes le roban a usted vía impuestos) pasan a formar parte de esa cartera de clientes del gobernante que, cada cuatro años, espera recibir como recompensa un generoso aval en las urnas.

Y así se cierra el ciclo de esta socialdemocracia populista que nos gobierna desde hace lustros en Castilla-La Mancha y que, con contadas excepciones, sólo ha servido para apuntalar los problemas estructurales de la Región.

Pero, volviendo a las declaraciones de García-Page, casi lo más grave es que pasen desapercibidas. La sociedad está tan acostumbrada a expresiones de ese tipo que nadie repara en lo escandaloso que es que todo un presidente diga que va a crear 17.000 empleos. Cierto es que el expresidente Barreda tiene el récord en expresiones de este tipo. En un pleno de las Cortes celebrado en febrero de 2009, inmersos ya en la gravísima crisis económica, afirmó que iba a crear 90.000 puestos de trabajo. Ni que decir tiene lo que pasó después en la economía de Castilla-La Mancha. Pero aunque la frase de Emiliano García-Page no llega a la altura de la de José María Barreda, sí hay que poner el acento en otra expresión que utilizó para decorar su promesa. Afirmó el jefe del Ejecutivo Regional que seguirán inyectando el mercado laboral con dinero público para que "no todo sea la inercia del viento de la iniciativa privada". Es decir, que en el libre ejercicio del libre mercado hay arbitrariedad, pero en la decisión de un gobierno concreto no. De fondo, la eterna demagogia que supone asociar lo público a lo bueno y lo privado a lo malo. Es de un simplismo atroz, pero el caso es que hay quien piensa que tratar a los ciudadanos como bobos funciona.

Yo no sé si es que al presidente esto de compartir Consejo de Gobierno con los neocomunistas de Podemos le está afectando de más, pero parece evidente que sus últimas declaraciones tienen más que ver con la versión 2.0 de la hoz y el martillo que se esconden en el partido morado que con la moderada rosa socialista que enarbolaron grandes ministros como Solchaga o Boyer.