Las Cortes Regionales acaban de vivir un pleno paradigmático: vienen sus señorías de tirarse los pobres a la cabeza, de la una testa a la otra, como si el pobre fuera un dato que reside en un informe. La dignidad del hombre le es propia porque es hombre, y ningún gobierno puede apropiarse, por tanto, de restituir lo que no puede ser privado. Cuando desde la izquierda se habla de la recuperar la dignidad de los pobres se olvida de que esta no aumenta o disminuye por tener más o menos recursos, nos es dada por el hecho de ser personas.  Por supuesto, las administraciones deben trabajar porque las condiciones de vida de los ciudadanos sean buenas, porque puedan disponer de los recursos materiales necesarios para vivir acorde a la dignidad que, insisto, les pertenece por derecho natural. Y este sí que es el debate interesante: ¿Cuáles son las mejores medidas que puede tomar una administración para conseguir ese objetivo? 

En este sentido, el debate de las Cortes de esta semana no ha dejado demasiadas respuestas. Es verdad que algunas medidas que incluyen la propuesta de resolución presentada por el PP son de aplastante lógica, sobre todo la que exige al gobierno ejecutar en su totalidad las partidas presupuestarias dirigidas a cubrir las necesidades de los ciudadanos; sin embargo, el problema de fondo sigue siendo pensar que es la Junta quien debe subvencionar los bolsillos de los ciudadanos menos necesitados. El propio PP cae en la trampa cuando pide que se aplique la renta garantizada que recoge la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, en este ejercicio 2018. La renta garantizada es un imposible, por muy políticamente incorrecta que sea la afirmación. Es el ciudadano quien debe garantizarse su propia renta. Pero, claro, para que esto sea posible, la Administración debe desarticularse en gran medida, reducir a la mitad su estructura, atiborrada de diputados de toda clase, gerentes de toda condición, asesores de todo pelaje; bajar todo lo posible la presión fiscal y favorecer la creación de riqueza –que solo es posible cuando la promueve la iniciativa privada- mediante la promoción real de la libre competencia. En esas condiciones, el ciudadano puede ser autónomo, libre de la atadura de la subvención, auténticamente digno. 

¿Por qué no hay liberales en Castilla-La Mancha? Es una pregunta que siempre me he hecho. Puede que la consolidación de la cartera de clientes de Bono esté detrás de la respuesta, pero incluso en ese caso, sigo sin entender por qué no hay ningún dirigente político que se atreva a decir en público que donde mejor está el dinero del ciudadano de Castilla-La Mancha es en su bolsillo. Habrá quien piense que es por miedo a perder las elecciones, pero se equivocan: los ciudadanos estamos deseando que nos devuelvan nuestra libertad.