Son muchos los que se preguntan hasta dónde será capaz de llegar Page con su posición crítica hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. Este viernes se podrá vislumbrar parte de la respuesta a esa pregunta en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los hay que piensan que la actitud díscola del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es algo pactado con Pedro Sánchez y controlado para que ambas partes salgan beneficiadas. Serían la cara y la cruz de un mismo PSOE. Sin embargo, la mayoría cree que Page está llevando a cabo su propia estrategia política, que pasa por consolidar su imagen como constitucionalista y defensor de los derechos de los ciudadanos para los que gobierna, los castellano-manchegos, frente a las comunidades que a base de reclamar la independencia y de hacer depender al Gobierno de sus votos se llevan la mejor parte de la tarta, tanto en cuestión de presupuestos como en otras ventajas competenciales. La defensa de Page de los intereses de su región lleva implícita la defensa de una España unida y fuerte que le suena bien a los electores castellano-manchegos. Por añadidura, aunque no sea su objetivo a corto o medio plazo, se erige en alternativa a Pedro Sánchez en caso de que el PSOE fracase gobernando en coalición con Podemos o las urnas le derriben dentro de cuatro años.

Lo real en estos momentos es que en algunas cuestiones concretas García-Page está más cerca de las comunidades gobernadas por el PP que del gobierno nacional de su partido. El caso más claro es de la financiación autonómica y la reclamación de la deuda pendiente del IVA. Comunidades del PSOE se han unido a las del PP en esta batalla. No hay izquierda o derecha en este proceso sino el deseo conjunto de obtener lo que consideran suyo, sin tener en cuenta el color político de cada uno. O al menos es lo que parece.

Todo indica que este viernes Comunidades como Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura defenderán objetivos similares a las regiones gobernadas por el PP en la primera reunión de la legislatura del Consejo de Política fiscal y Financiera convocada por el Gobierno central. Les unen intereses económicos y electorales. Además, la reunión de ayer de Pedro Sánchez con Quim Torra no contribuye en nada a rebajar los ánimos de los “barones” socialistas como Page, al entender que la negociación con el independentismo catalán y vasco no facilita la corrección de los desequilibrios territoriales sino todo lo contrario.

El miércoles, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid mandó un requerimiento al CPFF para incluir en el orden del día el debate de la devolución de la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017. Galicia ya ha anunciado que acudirá a la «vía judicial» para enmendar el «hurto institucional» del IVA. Y otro tanto han hecho comunidades socialistas como Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, caldeó el miércoles el ambiente al advertir a las comunidades que es “una roca” para las amenazas, por la decisión de varias de ellas de acudir a los tribunales. Dentro del socialismo Page parece el más dispuesto a batallar contra esa roca, pero no sabemos si la quebrará, se romperá contra ella o no pasará de ser una china molesta pero inofensiva.