El presidente del gobierno descubrió, en la rueda de prensa del martes 25,
tras el consejo de ministros, la forma jurídica que tienen todos los
gobiernos autonómicos para garantizar el cumplimiento de las medidas
excepcionales, legisladas en sus territorios. El martes nos enteramos ya que
no podemos tener toda la legislación en nuestras cabezas que los presidentes
y presidentas de cada una de las autonomías, pueden solicitar al gobierno de
la nación, la declaración del estado de alarma en sus demarcaciones o parte
de ellas, garantizándose por parte de éste, su apoyo institucional y su
aprobación, si fuera necesario, en el Congreso, aunque esto último, sea muy
discutible. Recordemos que el 21 de junio, el estado de alarma decayó no por
una cuestión sanitaria, sino por un problema político, impulsado, entre
otros, por el líder de la oposición con todo su grupo parlamentario en
coral. El partido Popular había reiterado su negativa a seguir defendiéndola
en anteriores votaciones, apoyado por los presidentes que gobiernan en
diferentes comunidades y que reclamaban, como otros de signo distinto,
recuperar sus competencias y funciones. Declaraciones como que los
madrileños estaban secuestrados por el gobierno central, nos demuestran
hasta que punto de fragilidad estaba la cooperación con las medidas del
gobierno. Se cae, una vez más, la estrategia del confusionismo llevada acabo
por la oposición, encabezada por el principal partido de esta y que pretende
gobernar la nación como lo ha hecho en anteriores ocasiones.

Claro, ahora puestas las cosas en su sitio, sabiendo que las comunidades
pueden hacer uso del estado de alarma, nadie opta por esta medida. Ningún
presidente, ni presidenta, solicitará acogerse a esta medida que ellos están
en la obligación de conocer porque es su trabajo y si no la conocían, tienen
personal a su alrededor para indicarles su existencia y funcionamiento.
Ahora no la aceptan porque la solución no es confinar a las personas, como
si el estado de alarma solo tuviese esa opción entre sus medidas. Con el
estado de alarma parcial en una comarca o provincia, e incluso en una región
¿los magistrados habrían tumbando las medidas acordadas por los gobiernos
autonómicos?

Fue curioso ver y comprobar que mientras se exigía comprobación de seguridad
en el comienzo del curso por parte del líder del principal partido de la
oposición ante las palabras del presidente del gobierno nacional, casi en el
mismo instante, la presidenta de la Comunidad de Madrid, admitía, con las
mismas palabras de tranquilidad y seguridad, las medidas para el comienzo
del curso en esa comunidad.

No sirve decir que se trabaja para el estado y se respeta y defiende la
constitución, hay que demostrarlo y en política, como en otros aspectos de
la vida, no todo vale. Hay que ser serios y responsables y sobre todo,
aceptar el papel que las urnas te han dado. No sirve decir que te importa el
funcionamiento de las instituciones y bloquearlas de una forma vergonzosa.
Instituciones que tienen que seguir funcionando incluso con la situación
sanitaria que estamos viviendo. Luego nos rasgaremos las vestiduras cuando
oigamos que la justicia no es independiente, pues ahí esta la muestra,
necesitando de los políticos para que funcione su maquinaria.

Y el ejército otra vez al rescate, esta vez como rastreadores. Eso esta
bien, ahora sabemos que como tenemos un ejercito de profesionales, podemos
echar mano de ellos para tapar las irresponsabilidades de los que se supone,
deberían estar gestionando la crisis. No nos extrañe si de aquí a unas
semanas, con el curso iniciado y se comprobara que no hay profesores
suficientes, veamos personal con uniforme en las aulas. No me molesta el
ejército que tenemos en la actualidad y es de agradecer la labor que han
prestado y que prestan en los meses de verano pero las funciones de unos y
de otros creo que están bien definidas y no hay que mezclarlas.

Lo que no han tenido presente los estrategas de La Moncloa en este guantazo
sin mano que han dado a los opositores, ha sido a los ciudadanos y
ciudadanas, grandes o pequeños, jóvenes o mayores, vivan en un territorio o
en otro. Creo que no nos merecemos este laberinto jurídico, estos lances
partidistas, estas ofensivas para defenderse del acoso. Medidas varias que,
sabemos, algunas no podrán llevarse acabo.