Tres capitales de provincia de Castilla-La Mancha decidirán su alcalde en un pleno en el que cualquier cosa puede ocurrir. Todo está en manos de Ciudadanos, que decidirá de acuerdo a las decisiones adoptadas por los órganos de dirección del partido. Puede optar por apoyar a la lista más votada o alinearse en las tres ciudades con el bloque de derecha. En el primer caso dos de las tres ciudades, Ciudad Real y Guadalajara, tendrían alcalde del PSOE, y solo en Albacete habría un alcalde del PP. También, los de Rivera podrían abstenerse en alguno de los casos y conseguirían el mismo efecto que dando sus votos a la lista ganadora. Son tres opciones tan legales como legítimas de acuerdo a la actual ley electoral vigente. Además, como en las elecciones al Gobierno de la Junta de Comunidades todo quedó muy claro con la mayoría absoluta del PSOE de Emiliano García-Page, las negociaciones de unos y otros sólo tendrán una interpretación a nivel local.

Y es que en los últimos días, la sensación que tiene más de un votante, con las negociaciones entre partidos en las que se mezcla la investidura de Pedro Sánchez, la constitución de los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos de las grandes ciudades, es que se trapichea, se negocia y se prostituye el sentido de su voto al quedar las decisiones en manos de unos pocos dirigentes que decidirán por él; algo que casi siempre remite a ese concepto de partitocracia que tanto daño ha hecho al prestigio del sistema de 1978.

La mayoría de los constitucionalistas coinciden en señalar que para instaurar un sistema de segunda vuelta en las elecciones a Cortes Generales sería necesaria una reforma constitucional de calado, porque afectaría a la misma esencia de la definición de monarquía parlamentaria y hoy nadie piensa en una reforma constitucional que removería los cimientos de toda la estructura del Estado porque los enemigos de la Constitución actual tendrían una ocasión inmejorable para profundizar en su labor de zapa.

Otra cosa muy diferente sería modificar la ley electoral que afecta a los municipios imponiendo la segunda vuelta allí donde ninguna formación hubiera obtenido la mayoría absoluta y en la que participarían los dos cabezas de lista más votados a los que se adjudicaría el número de concejales suficientes correspondientes a sus votos y conservando la proporcionalidad corregida que se establezca para los eliminados en la primera. Con las leyes electorales autonómicas, tampoco habría problemas de constitucionalidad, aunque a buen seguro se chocaría los interese impredecibles de cada una de las élites políticas de los diecisiete.

Yo no tengo ninguna duda de que la segunda vuelta arrancaría de raíz esa sensación de manipulación y uso bastardo del voto propio, que en estos días se generaliza para desprestigio del sistema. Sólo por eso merecería hacerse esa reforma.