Si allá por el año dos mil once, cuando ya se veían los pavorosos efectos de la crisis, se le hubiera ofrecido a cualquier trabajador del sector privado conservar su puesto de trabajo a cambio de añadir media hora diaria a su jornada laboral y a diferir el cobro de un par de pagas extras, estoy seguro de que el noventa por ciento hubiera aceptado a ojos cerrados. Otro cinco por ciento se hubiera negado por aquello de no renunciar a los derechos adquiridos y el otro cinco por ciento lo hubiera hecho por principios y se hubiera ido tan contento al cobrar el paro y a confirmar el concepto y la estadística del paro estructural. No digo nada de lo que hubieran respondido los autónomos y empresarios a los que se hubiera asegurado una merma del cincuenta por ciento de sus beneficios a cambio de conservar su patrimonio anterior al 2007. Lo anterior, aunque todavía haya sindicatos que lo pongan en duda, fue el “cruel ajuste” y los “horrorosos recortes” que todas las administraciones públicas, de izquierda a derecha, aplicaron a sus funcionarios. Ni un solo funcionario vio peligrar su puesto de trabajo por mucho que algunos vendieran su liquidación día tras día a la puerta de sus centros de trabajo metidos dentro de una camiseta de color verde, negro o blanco. Ni uno solo de los funcionarios españoles puede decir a día de hoy sin que se sonroje quien le oye que ha sufrido la crisis.

En toda la Administración Pública se impusieron las treinta y siete horas y media semanales, y en la enseñanza veinticinco de docencia directa en la Educación Primaria y veintiuna en la Secundaria. Algo que en Castilla-La Mancha se vivió, sobre todo en la Sanidad y en la Enseñanza, como una agresión directa de Cospedal a los “legítimos derechos de los trabajadores” y que se vendió como recortes contra los usuarios. La abusiva media hora de clavo pasó a ser la “hora Cospedal”. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos porque un día nos despertáramos con un par de muertos por desatención en las urgencias de un hospital o con un niño abandonado y sin escolarizar, la tragedia no ocurrió. Ni hubo muertos, ni subió el índice de mortalidad regional y, curiosamente, descendió significativamente el fracaso escolar.

Ahora que el Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en su sitio en referencia a la ausencia de competencias de las comunidades autónomas para implantar una jornada laboral distinta a la impuesta a nivel general por el Estado en respuesta a las treinta y cinco horas de Andalucía, hay que recordar que aquí, toda la oposición a Cospedal, con el significativo apoyo de algunos sindicatos que se autodenominan profesionales y despolitizados, vendieron la burra de que liquidarían las treinta y siete horas y media…

Todos los que entonces se tragaron aquella posverdad, que lean el comentario del consejero regional de Administraciones Públicas y Hacienda Ruiz Molina a la sentencia del TC. Ruiz Molina acata y no tiene nada que añadir. Digno cuarto sucesor en la saga de los Molina.