Centrados en los aspectos superficiales del fallo sin sentencia sobre el Fiscal General del Estado, conviene no olvidar otros enfoques del caso. El más importante, la resistencia del fiscal a presentar la dimisión cuando voces distintas lo pedían para no tensionar las costuras del sistema. Una posición conservadora, aunque pudiera ser propugnada por gentes adscritas a la izquierda progresista. La negativa del fiscal a dimitir, confiando en su inocencia, efectivamente podía atentar contra un sistema lleno de sombras. Se podía descubrir que no era la justicia una institución independiente y autónoma al servicio de los ciudadanos, sino que podía implicarse en el juego de la política. Y eso ha sido lo sucedido.

El fiscal ha dimitido tras un fallo sin sentencia. Sus adversarios, que eran abundantes, han ganado, pero sería un error pasar página, seguir manteniendo un silencio resignado y no atender a algunos de los elementos que han aflorado durante el juicio y actuaciones posteriores. De momento sabemos que los testimonios presentados carecen de valor, excepto los de una parte concreta. Los de la UCO, por ejemplo, basados no en pruebas, sino en “inferencias”. En cambio, los testimonios de los periodistas se han considerado carentes de cualquier valor. Y, por último, la impresión de que el juicio y el fallo pueden ser un atentado contra la democracia, contra la propia institución judicial y contra los principios ordenadores de la convivencia colectiva.

La afirmación anterior se sostiene en lo que se está sabiendo después del juicio. La participación de varios magistrados del tribunal que juzgaban al fiscal en los cursos organizados y remunerados por el Colegio de la Abogacía madrileña, parte de la acusación contra el fiscal. O que el abogado defensor del Sr. Amador había realizado la tesis doctoral bajo la dirección de un magistrado de la Sala que enjuiciaba al fiscal. Y, por último, la traca completa, que al Colegio de Abogados de Madrid se le ha concedido la creación de un Centro Universitario propio dentro de las políticas de la Comunidad de Madrid de crear chiringuitos universitarios privados en detrimento de las universidades públicas. Los indicios, aquí sí, apuntan a pensar en una “justicia de coleguillas” que cuestiona la imparcialidad del tribunal. Los conflictos de intereses también cuestionarían la validez de lo juzgado, ya que el fallo más parece orientarse hacia objetivos relacionados con la política. Ciertamente, tantos elementos no sólo cuestionan al tribunal, al propio juicio y, por ende, al sistema.

La historia viene de la Transición. No todas las instituciones se adaptaron a las nuevas normas democráticas. La Justicia, invocando su independencia de cualquier poder del Estado, permaneció con los usos y costumbres de la etapa de la dictadura. Ningún gobierno socialista quiso, o se atrevió, a actuar para adaptar la justicia a las reglas de la democracia. Al contrario, se remató con una legislación que reforzaba los mecanismos corporativos. Y así se ha funcionado durante estos años, aun conociendo que se producían sentencias que llamaban la atención, que en los tribunales se tomaban decisiones que hacían dudar de la imparcialidad que hay que presuponer a los jueces. Y también supimos, por indiscreciones de algún responsable del PP, que por la puerta de atrás se controlaban los movimientos y decisiones del estamento judicial. Tal vez así se entienda mejor la manifestación insólita de los jueces contra una ley, ni siquiera conocida, donde se pretendía regular la amnistía a los implicados del procés. O la oposición a una reforma tibia del gobierno de acceso a la magistratura para suprimir tinglados en los que se juegan ingresos económicos complementarios de jueces y magistrados o vías endogámicos de acceso a la judicatura. ¿El juicio al fiscal general puede considerarse otra cosa que nulo?