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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
La condena incluye además una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz justifica su renuncia en una carta al ministro de Justicia por respeto a las resoluciones judiciales y afirma haber servido fielmente a la institución.
Hasta que se nombre a su sustituto, la Fiscalía queda en manos de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, a una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la sentencia del Supremo y que, por ende, "una vez conocido el fallo ha llegado el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".
“A falta de mayor concreción" sobre la sentencia, de la que no se conoce aún el fallo, García Ortiz define su renuncia como "un acto debido no sólo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española".
El fiscal entiende que "esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país" ha acordado inhabilitarle, "tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".
"He servido fielmente a la institución"
Pese a dar este paso, García Ortiz remarca que "en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional" y destacar su voluntad "siempre presente, de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales".
Apunta, además, que tiene un "profundo respeto" a las decisiones de los jueces y agradece al Gobierno la "confianza depositada" en él por nombrarle fiscal general del Estado en junio de 2022, que "es la misma que ahora devuelvo" al renunciar al cargo, subraya.
El cese como fiscal general del Estado no se hará efectivo hasta que lo acepte el Consejo de Ministros, que se reunirá este martes, y se publique en el BOE.
García Ortiz podría permanecer en el cargo hasta que el Supremo notifique la sentencia con los argumentos que sostienen su condena, pero, como él mismo explica en su carta, ha optado por presentar antes su dimisión acogiéndose al artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que contempla que el fiscal general del Estado puede cesar "a petición propia".
Ahora, hasta que el Gobierno designe nuevo fiscal general del Estado, la Fiscalía queda en manos de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, persona de máxima confianza de García Ortiz que fue, precisamente, quien ejerció de fiscal en el juicio, reivindicando su inocencia.
Sánchez: "Creo en la inocencia del fiscal general"
Esta decisión del todavía fiscal general del Estado llega menos de 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga creyendo en su inocencia y haya discrepado públicamente de la sentencia del Supremo, al tiempo que apuntó a una futura decisión del Tribunal Constitucional sobre aspectos "controvertidos" de la misma.
Desde Johannesburgo, donde participa en la cumbre del G20, consideró que en estos momentos no tiene sentido hablar de un posible indulto de García Ortiz tras una sentencia que no comparte pero que respeta.
"Creo en la inocencia del fiscal general", dijo de manera tajante tras argumentar que los periodistas que han comparecido en el juicio "de acreditado y reconocido prestigio" han manifestado "claramente" que el fiscal no era el origen de las supuestas filtraciones y "que nada tiene que ver con ese delito".
Pedro Sánchez durante su comparecencia de este domingo desde Johannesburgo.
"Lamentamos este fallo, lo respetamos y lo acatamos, pero en una sociedad democrática hay dos cosas que hacer: la primera poner en marcha el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado y la segunda, pues hay otras instancias jurisdiccionales que entiendo que podrían dirimir algunos aspectos...que a lo mejor puedan ser controvertidos y también tengan que ser dirimidos por otras instancias", apuntó este domingo.
Y es que ante la sentencia del Supremo que deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz, este podría presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Por encima del TC estarían los tribunales europeos.
Sobre el proceso abierto para nombrar al sustituto de García Ortiz no se ha desvelado ningún nombre ni perfil, aunque todo apunta a que, además de una dilatada trayectoria jurídica y con conocimiento importante de la materia, sea una figura progresista.
Un fiscal general condenado
García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a que indemnice a González Amador en concepto de daños morales con 10.000 euros.
La condena queda lejos de las peticiones realizadas por las acusaciones, que reclamaban hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación, 108.000 euros de multa y 300.000 de indemnización.
El fallo no fue por unanimidad. Contó con el apoyo de cinco magistrados -Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela- y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.
De hecho, Polo era la magistrada ponente, esto es, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma llevó a que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó a García Ortiz, quien asuma esta función.
El tribunal, de mayoría conservadora, falló tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.
Reingreso en la carrera judicial
Tras su renuncia, García Ortiz tendrá que solicitar su reingreso a la carrera fiscal, ya que como fiscal general se encontraba en "servicios especiales".
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press advierten de que dicha vuelta podría ser problemática porque el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) -en su apartado d)- establece que la condición de fiscal se pierde cuando existe una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos".
De igual forma, hacen referencia al Reglamento del Ministerio Fiscal, que en el epígrafe d) del artículo 32 fija como causa para la pérdida de la condición de fiscal la imposición de una condena con "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso".
La Inspección Fiscal es la encargada de abrir un procedimiento de rehabilitación, en el que escucharía y practicaría las actuaciones que considerara oportunas, para acabar emitiendo un informe. Sería el nuevo fiscal general quien, con dicho informe y tras oír al Consejo Fiscal, remitiría su propuesta al Ministerio de Justicia para que resolviera.
Con todo, las voces consultadas insisten en que será necesario esperar al contenido íntegro de la sentencia para ver si el tribunal concreta el ámbito de aplicación de la condena impuesta.