El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de los derechos de los consumidores, que se adapta a la normativa comunitaria y a la nueva realidad, de manera que regula, por ejemplo, el comercio electrónico, los sistemas de pago y las ventas a distancia.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha comparecido después de la reunión del gabinete para dar cuenta de los acuerdos relacionados con su departamento como este anteproyecto de ley, que ahora será revisado por el Consejo Consultivo para continuar su tramitación.

El anteproyecto de ley de los derechos de las personas consumidoras de Castilla-La Mancha vendrá a sustituir a la de 2005 y se adaptará tanto a la normativa nacional y comunitaria como a la nueva realidad social y económica, ha explicado Fernández Sanz, quien ha añadido que en su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de las asociaciones de los consumidores.

La ley regulará, entre otros, aspectos novedosos como la seguridad general de los productos, la responsabilidad de los productos defectuosos, los sistemas de pago, la comercialización a distancia de servicios financieros, pensiones, seguros e inversiones; ventas a domicilio; utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido; viajes combinados, acciones de cesación y cooperación administrativa.

Además, seguridad de los servicios y responsabilidad de los proveedores de servicios, comercio electrónico, servicios de interés general, prácticas comerciales desleales, publicidad comparativa y engañosa, indicación de precios, cláusulas abusivas en los contratos, venta y garantías de los bienes de consumo y venta a distancia 

En el anteproyecto se contemplan nuevos derechos que deben contribuir al acceso y disfrute de condiciones de vida dignas, garantizar los bienes y suministros que resulten precisos para la satisfacción de necesidades, en línea con los programas de políticas públicas de protección de las personas consumidoras impulsados por instituciones internacionales o comunitarias.

El consejero ha destacado que ha sido muy importante el trabajo realizado con las organizaciones de consumidores y usuarios, puesto que “han sido dos años de reuniones, análisis y de marcar objetivos que se deben cumplir con la nueva normativa propuesta”. 

El pasado mes de noviembre, ha recordado, “se abrió un periodo de consulta pública para recoger sugerencias al anteproyecto”.

En estas alegaciones han participado la Dirección Provincial de Sanidad en Guadalajara; la Unidad de Coordinación de Estrategia Económica (Consejería de Economía, Empresas y Empleo); la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha; Asuntos Europeos; el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha; la CECAM, el CERMI; la Federación de Hostelería; Gas Natural Fenosa y el Servicio de Control de Mercado del Área de Consumo de la Consejería de Sanidad y de la Dirección Provincial de Sanidad en Albacete.