La presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, Tita García, ha pedido reivindicar los fondos económicos nacionales y europeos "con una sola voz".

En nota de prensa, la FEMP ha informado de que García ha propuesto que sea el presidente de la FEMP en España, Abel Caballero, el interlocutor con el Gobierno de España y ha defendido que todas federaciones aúnen esfuerzos para que "esa voz llegue más fuerte a la negociación" y que, al final, se consigan esos fondos para las entidades locales.

Durante su intervención de manera telemática en el Consejo Territorial de la FEMP, García ha criticado que desde algunas federaciones "cojan las banderas de partidos políticos para hacer otras guerras que nada tienen que ver con el municipalismo".

Asimismo, ha abogado por "pelear los fondos" para que los ayuntamientos que tienen remanentes negativos puedan hacer frente a los gastos ordinarios o extraordinarios y/o derivados de la pandemia de la covid-19, y ha agradecido que los que tienen remanentes positivos puedan emplear esos fondos para sus vecinos.

"Es momento de demostrar que, más que nunca, estamos cerca de nuestra gente", ha recalcado la presidenta de la FEMP en Castilla-La Mancha.

Además, ha valorado que ahora la Federación tenga "una voz a la altura de lo que necesitan los ayuntamientos" y que en los últimos tiempos se hayan producido "avances" para conseguir fondos de rescate para los municipios que más dificultades económicas tienen, como es el caso del fondo para el transporte.

También ha solicitado que exista mayor flexibilidad de las reglas fiscales de cara a los años 2022 y 2023, así como mayor flexibilidad para los municipios más pequeños, porque disponen de menos mecanismos y recursos técnicos y humanos.

Para todos ellos ha solicitado "plazos menos rígidos" y que puedan ejecutar y llegar con más garantías a los diferentes trámites administrativos.

García tampoco ha dejado pasar la oportunidad para pedir a Abel Caballero que negocie con el Ejecutivo central para que se regulen los planes de empleo y los municipios puedan gozar de una cobertura legal para que los ayuntamientos que gestionen esas acciones "no tengan problemas jurídicos a futuro", así como que los planes de empleo estén dirigidos "a las personas que más lo necesitan" y no puedan ocasiones "obstáculos legales" a las entidades locales.