La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha notificado a Juan Carlos I el inicio de actuaciones de inspección para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, según ha sabido El Español.

La apertura de la inspección supone unsalto cualitativorespecto a las comprobaciones que venía realizando Hacienda, hasta ahora circunscritas a laregularización fiscalque el exjefe del Estado presentó de forma voluntaria el pasado febrero.

En esa fecha el rey emérito satisfizo una deuda tributaria con el Estado de4,4 millones de eurospor las rentas derivadas del pago por la Fundación Zagatka de determinados gastos realizados entre junio de 2014 -cuando Juan Carlos I abdicó en Felipe VI- y 2018.

La Fundación Zagatka pertenece aÁlvaro de Orleans-Borbón, primo de Juan Carlos I. Pero tanto la Fiscalía, que mantiene abiertas tres diligencias preprocesales sobre el rey emérito, como los inspectores de la AEAT tratan de verificarsi esa fundación es una pantallaque habría utilizado el monarca para desvincular formalmente de él el dinero que habría manejado para financiar viajes por todo el mundo.

Zagatka abonó hasta 2018 y durante 12 años gastos del rey emérito por importe de 11 millones de euros, sobre todo vuelosprivados al Golfo Pérsico, el Caribe y otras zonas del mundo, en ocasiones acompañado de su examante Corinna Larsen.

La Administración tributariaaún no ha dado el visto bueno a la regularizaciónde esas rentas, realizada por la vía de autoliquidaciones complementarias del IRPF. La AEAT reclamó en febrero al rey emérito documentos acreditativos de los pagos de Zagatka, que tuvieron que ser solicitados a la propia fundación y que se encuentran desde hace semanas en poder de Hacienda. Se trata de las facturas de todos los viajes abonados y de los asientos bancarios de la cuenta de Zagatka a la que se cargaron.

Pero ahora la AEAT ha decidido iniciar un procedimiento de inspección en el que se ha solicitado todavíamás información sobre los pagos asumidos por la fundaciónde Álvaro de Orleans-Borbón, además de otros datos -cuentas del rey emérito, tarjetas que ha utilizado y otro patrimonio- para indagar sobre hechos con relevancia tributaria eventualmente no declarados o declarados incorrectamente.

El rey emérito tiene la obligación de responder al requerimiento de información con el que se ha dado inicio a las actuaciones inspectoras, que representan otra noticia adversa para el monarca. Don Juan Carlos se encuentra desde el pasado agosto en Emiratos Árabes Unidos y las investigaciones relacionadas con su patrimonio no facilitan el retorno a España que él desea. Además de las indagaciones de la AEAT, la Fiscalía continua tramitando tres investigaciones.

Una de ellas se refiere a la fortuna que Juan Carlos Iocultó en Suiza. Otra está relacionadacon untrusten la isla de Jersey, con el que el entorno de Don Juan Carlos niega toda relación. Finalmente, la Fiscalía ha cursado comisiones rogatorias sobre los gastos pagados por el empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause, que fueron objeto de unaprimera regularización fiscalel pasado 20 de diciembre por importe de 678.393 euros.

Críticas a la AEAT

Ya desde esa primera regularización la AEAT recibió críticas por su supuesta condescendencia con el anterior jefe del Estado. Los reproches se incrementaron cuando, pocas semanas después, se conoció la segunda regularización.

El sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que viene pidiendo una investigación fiscal a Juan Carlos I desde mediados de 2018 al trascender que el fiscal suizo Yves Bertossa había iniciado un procedimiento, reprochó a la Agencia Tributaria su “lentitud”.

“La Agencia Tributaria tiene el deber inexcusable de abrir una investigación al rey emérito, como haría con cualquier contribuyente, para evitar incurrir en una dejación de funciones, mientras no exista una investigación judicial o una querella de la Fiscalía sobre los mismos hechos”, señaló Gestha en un comunicado el pasado 26 de febrero.

Las críticas también se han producido en el ámbito político, en particular enUnidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno. "Nos preguntamos dónde está Hacienda", dijo Isabel Serra el 1 de marzo último, tras la segunda regularización fiscal del rey emérito.

Serra dijo que no era "aceptable" la "pasividad" de la Agencia Tributaria ante el "reconocimiento de un delito" que, a su juicio, suponía la nueva liquidación fiscal complementaria del monarca.