La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado retirar la credencial al diputado de Junts Quim Torra, y ha resuelto, además, inhabilitarle durante año y medio para el ejercicio de cargos públicos, lo que supone que no podrá seguir como presidente de la Generalitat de Cataluña.

El organismo arbitral ha estimado así el recurso interpuesto por el PP y parcialmente el presentado por Ciudadanos y Vox, que habían pedido que se retirase el escaño de diputado del Parlament a Torra, lo que conllevaría el abandono de la Presidencia de la Generalitat. Y es que el Estatut exige ser diputado como condición para ese cargo.

Torra ha asegurado que seguirá ejerciendo como presidente hasta que el Parlament lo destituya y ha pedido un pleno del Parlament extraordinario para este sábado para que la Cámara catalana se posicione sobre la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitarlo como diputado.

"Mientras el Parlament no diga lo contrario, continuaré siendo diputado y presidente, y ejerciendo las funciones de mi cargo. Soy diputado y presidente", ha defendido una declaración institucional en el Palau de la Generalitat junto al Govern tras una reunión extraordinaria del Consell Executiu.

Torra ha insistido en que solo el Parlament lo puede destituir del cargo y ha calificado la decisión de la JEC de "un nuevo golpe de Estado contra las instituciones catalanas".

El Supremo tiene la última palabra

El presidente de la Generalitat de Cataluña puede recurrir ante la Sección Tercera del Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) por la que se ordena retirarle la acreditación como diputado regional, si bien acudir al Contencioso-Administrativo no implica necesariamente que la medida quede en suspenso hasta que haya sentencia.

Tal y como recoge el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, la mera interposición de cualquier recurso "no suspenderá la ejecución del acto impugnado", excepto cuando una disposición establezca lo contrario, que no es el caso.

No obstante, el Supremo puede dejar en suspenso la decisión de la Junta Electoral si considera que mantenerla en vigor en tanto resuelve su recurso ocasionaría a Torra o al interés público un perjuicio "de imposible o difícil reparación", de acuerdo a las previsiones de la misma ley.

Aunque podría acordarlo de oficio, lo habitual es que sea Torra quien lo solicite. En este caso, el Supremo debe resolver sobre la suspensión como medida cautelarísima, es decir, en 48 horas. Si lo acuerda, quedaría así sin ejecutar la resolución de la JEC hasta que hubiese sentencia sobre el fondo de la cuestión, según establece la misma ley.

No sería la primera vez que Torra recurre al Supremo por una decisión de la Junta Electoral Central. Cuando el pasado mes de marzo, el regulador le ordenó retirar los lazos amarillos colgados en edificios públicos de cara a la celebración de elecciones, el presidente de la Generalitat solicitó a la Sala que suspendiera de forma urgente la ejecución de aquella decisión mientras resolvía el fondo del asunto. La Sala Tercera, sin embargo, rechazó sus pretensiones.

Catarata de reacciones

La ANC ha asegurado tras conocer la decisión que la Junta Electoral Central no tiene "ninguna legitimidad" para inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha convocado una concentración a las 20 horas en la plaza Sant Jaume de Barcelona. "Ni jueces imparciales ni tribunales politizados: solo la ciudadanía escoge a sus representantes", ha afirmado en un tuit.

Òmnium ha tachado este viernes la inhabilitación del presidente de la Generalitat como una "venganza" del Estado, al que ha acusado de manipular la ley. "Es una nueva acción de represión, inédita en cualquier democracia, por parte de unos poderes del Estado que vuelven a manipular la ley como arma política", ha recriminado en un comunicado.

Òmnium ha advertido de que esta inhabilitación, "en lugar de humillar al pueblo de Cataluña, refuerza el anhelo de dignidad y libertad", y ha llamado a la ciudadanía a seguir defendiendo a las instituciones catalanas.

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha comentado este viernes: "Esto sí que es un golpe de Estado de los de siempre y para lo de siempre".

Por su parte, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este viernes que la inhabilitación del presidente, Quim Torra, por parte de la Junta Electoral Central (JEC) es como un 155 sin pasar por el Senado: "Indignante, vergonzoso". En un tuit, ha recordado que él fue cesado por el Gobierno a través del 155 y no por el Parlament: "Se han acostumbrado a decidir quien debe ser presidente y quien no".

"Acaban de inhabilitar al presidente Quim Torra. Indignante, vergonzoso. Los dos últimos presidentes de Cataluña han sido cesados por España, no por el Parlament. Se han acostumbrado a decidir quien debe ser presidente y quien no. Basta. Es como el 155, pero sin pasar por el Senado".

De su lado,el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que Quim Torra debe cesar "inmediatamente" como presidente de la Generalitat y ha recalcado que si no lo hace, el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, debe "obligarle" en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha dicho que espera que el Tribunal Supremo responda "cuanto antes" a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que ha acordado este viernes inhabilitar a Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña. En los pasillos del Congreso, ha querido dejar claro que la JEC "no es un tribunal" y que su partido espera es que el máximo órgano jurídico del país, esto es, el Supremo "responda cuanto antes a esta cuestión".