La ordenación del espectro radiofónico amenaza con convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL varios grupos de emisoras sin licencia de emisión, pero que operan desde hace décadas en el sector, pidieron formalmente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que se regularizase su situación y que se pongan en marcha procesos urgentes de concesión de licencias.

Estas reuniones se mantuvieron hace algunas semanas con el todavía Gobierno de Mariano Rajoy y con Álvaro Nadal como ministro de la cartera y José María Lassalle como secretario de Estado, por lo que las emisoras contactadas por este periódico que se encuentran en esta situación esperan que su problemática sea también considerada por el nuevo Ministerio de Economía y Empresa que ahora tiene entre sus competencias la Secretaría para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.

Los encuentros de hace unas semanas se sostuvieron bajo el paraguas de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, un nivel de la administración que en principio no debería cambiar a sus principales responsables, pero del que todavía se desconoce su posición en el nuevo organigrama.

Registro de emisoras alegales

En 2010 la Asociación Española de Radiodifusores (AERC) -patronal que agrupa a la Ser, Cope y Onda Cero- denunció la existencia de 3.000 radios piratas, pese a que cinco años antes se había publicado la última Ley de ordenación del espectro radiofónico, precisamente con el objetivo de acabar con las piratas y abrir procesos de concesión de licencias en todas las comunidades autónomas.

Del mismo modo, EL ESPAÑOL publicó en abril que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), organismo que elabora el Estudio General de Medios (EGM), medidor de referencia del mercado radiofónico español, mantiene el registro de 664 emisoras que contabiliza como ilegales. Estas frecuencias cuentan con un código de identificación, su dial y la ciudad en la que operan.

Y ello, pese a que en marzo de 2014 esta asociación acordó retirar de su registro aquellas frecuencias no contempladas en los Planes Nacionales de Radiodifusión Sonora. De las 3.182 emisoras existentes en el fichero EGM, después de esta depuración quedó reducido a 2.083 (un 34,5% menos). El BOE del 16 de junio de 2015 certifica que el Plan Técnico Nacional autoriza a 1.905 emisoras legales en toda España.

Pese a todos estos registros, en el sector se estima que siguen existiendo en España al menos dos mil emisoras sin licencia que operan en todo el territorio. Y son precisamente un importante grupo de ellas las que piden una regularización. Este diario ha charlado con representantes de la Asociación para la defensa de las emisoras locales de Andalucía (ADELA), una de las entidades que ha acudido al ministerio a pedir la convocatoria urgente de procesos de adjudicación de licencias.

Piden regularización

No obstante, esta agrupación advierte que hay que diferenciar una emisora alegal de una pirata. “Nosotros somos un grupo de 40 y 50 emisoras de radio que operamos sin licencia, empresarios con 40 años y que generamos empleo y riqueza para el sector radiofónico español. No es lo mismo que emisoras piratas que solo funcionan como repetidores y que, a veces, operan junto a las grandes cadenas”, advierte Manuel Romero, presidente de ADELA.

Según Romero, solo en Andalucía las emisoras alegales -sin licencia, pero que no son piratas- generan negocio a más de 1.800 empresas relacionadas, como instaladores eléctricos, mantenimiento, técnicos y proveedores de sus emisoras, con más de 1.080 millones de euros anuales de facturación y 15.000 familias afectadas.

Esta asociación ha reactivado su actividad con la amenaza del cierre sobre sus espaldas. En estos momentos se está debatiendo en el parlamento andaluz la nueva Ley Audiovisual de Andalucía que establece penas muy duras para las emisoras sin licencia administrativa en las que incluso se perseguirá a los colaboradores de estas radios. ADELA ha hecho sus alegaciones, pero de momento, sin recibir ninguna respuesta.

Cuarenta años pagando impuestos

Por eso, decidieron viajar a Madrid a pedir ayuda a la administración central. "En el Ministerio nos atendieron y nos confirmaron que es un tema que les preocupaba, aunque no se comprometieron a realizar nuevos concursos de adjudicación de licencias”. ADELA pide la creación de una mesa tripartita entre la administración autonómica, la nacional y los propios afectados.

Desde esta agrupación recuerdan que llevan cuarenta años pagando impuestos por su actividad económica y durante este tiempo, la administración "nunca rechazó nuestros tributos". También advierten que en Democracia solo se han realizado cuatro concursos de adjudicación de licencias radiofónicas, el último en Andalucía en 2011,  con el resultado de que "la mayoría de las veces se ha favorecido a las grandes cadenas, que generalmente no realizan grandes inversiones por desarrollar sus emisoras locales", concluye Romero, esperanzado en que se regularice su situación.