El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo. Efe

Macroeconomía

El Gobierno retrasa la normativa de interinos hasta tener una sentencia definitiva del TJUE

El Ministerio de Empleo intentará mejorar las condiciones de los interinos, pero advierte que "una decisión prematura podría acrecentar la inseguridad jurídica".

Los trabajadores interinos tendrán que cargarse de paciencia para conocer cuál será su situación laboral definitiva. El Gobierno ha decidido posponer la revisión de las condiciones laborales de este colectivo hasta recibir una sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo. De este modo, el Gobierno da por liquidado el grupo de expertos que convocó tras la sentencia del TJUE del pasado 14 de septiembre.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha comparecido hoy ante la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para anunciar la decisión del Ejecutivo de retrasar la nueva normativa sobre los interinos. Riesgo ha explicado que la sentencia del TJUE genera ciertas "ambigüedades" y que "no refleja la realidad de nuestro ordenamiento jurídico". En otras palabras, la sentencia no responde a la cuestión que se le planteaba y, además, deja abiertas nuevas dudas respecto al conjunto de los contratos temporales, de modo que es imprescindible pedir al Tribunal una aclaración antes de poder legislar.

Riesgo ha explicado que se han planteado nuevas cuestiones prejudiciales al TJUE y al Tribunal Supremo, por lo que el Gobierno no legislará hasta que no obtenga las sentencias definitivas y concretas. El secretario de Estado ha indicado que "una decisión prematura podría acrecentar la inseguridad jurídica". Riesgo ha explicado que la voluntad del Ministerio de Empleo es emplear las conclusiones del grupo de expertos para mejorar, en lo posible, la situación de los interinos, pero que no adoptará ninguna normativa definitiva por el momento.

No al contrato único

Tras conocerse la sentencia del TJUE, Empleo convocó un grupo de expertos en la que estaban representados los sindicatos (CCOO y UGT), la patronal (CEOE y Cepyme) y el Ministerio. Este grupo de expertos, que en un primer momento tenía un mes para analizar la sentencia, retrasó su informe hasta el pasado 10 de febrero, cuando publicó sus conclusiones provisionales.

Es en este documento en el que recomiendan al Gobierno retrasar la regulación de los contratos indefinidos hasta que la Justicia dé una respuesta firme sobre la legalidad de la norma actual y la filosofía que tiene que respetar.

En esas conclusiones, el grupo de expertos reconocía, por amplia mayoría, un rechazo frontal al contrato único y su defensa de los contratos temporales con una causa definida. No es la primera vez que los sindicatos o la patronal rechazan esta modalidad de contrato único. En su opinión, es preferible mantener los contratos temporales pero "limitar esta modalidad a sus justas proporciones", ha explicado Riesgo.

La mayoría del grupo de expertos también acordó que la futura norma no tiene que impedir que los interinos puedan cobrar una indemnización por extinción de contrato como la que tienen actualmente el resto de temporales (12 días por año trabajado). Además, coinciden en que se deben establecer límites más estrictos para que un trabajador no pueda encadenar tanto tiempo de contratos interinos como ocurre actualmente en la Administración pública. En el caso de la trabajadora que llevó al Estado ante los tribunales encadenó 10 años consecutivos con contratos de interinidad.

La mesa por la calidad en el empleo

El Gobierno discutirá con los agentes sociales la situación de los interinos dentro del marco de una de las mesas de la negociación colectiva, la de la calidad por el empleo. Este grupo inicia sus conversaciones mañana (jueves) y discutirá sobre las medidas a adoptar para mejorar la situación de los contratos en la actualidad.

Dentro de este marco se tratará la situación de los interinos y si se puede adoptar alguna medida temporal hasta que la Justicia publique una sentencia definitiva sobre esta modalidad de contratación. En esa mesa se tratarán, además, cuestiones como la garantía de derechos laborales, la lucha contra el fraude laboral o la conciliación.

Las dos mesas que ya han comenzado su actividad son la referida al sistema público de pensiones, y la que analizará un plan de choque por el empleo y sobre la tarjeta social, que empezó el martes de esta misma semana.

Las otras dos son la dedicada a la formación para el empleo y la formación dual, que se abrirá "en unas semanas", y la última que se pondrá en marcha es la de seguridad y salud en el trabajo.