Montoro y Díaz a la entrada de la Conferencia de Presidentes.

Montoro y Díaz a la entrada de la Conferencia de Presidentes. Juan Carlos Hidalgo Efe

Macroeconomía Conferencia de Presidentes

Los puntos calientes de la reforma de la financiación autonómica

Los expertos creen que es posible alcanzar un acuerdo técnico, pero quien tiene la última palabra son los políticos.

Javier G. Jorrín

La Conferencia de Presidentes celebrada el martes acordó crear una comisión de expertos que en un plazo de tres meses tendrá que elaborar un informe técnico sobre la reforma del sistema de financiación autonómica con el objetivo de superar los problemas actuales de insuficiencia, desigualdad y discrecionalidad política en el reparto de los fondos. Las comunidades autónomas ya han empezado sus movimientos para elegir a sus expertos (elegirá uno cada región).

Algunos de los más reputados expertos en la materia, como Ángel de la Fuente, Julio López Laborda o Alain Cuenca ya han debatido mucho sobre este tema en los últimos meses, por lo que creen que es posible alcanzar un acuerdo a nivel técnico. Todos ellos han participado en los debates promovidos por Fedea y la Fundación Internacional Olof Palme y que bautizaron los Encuentros de S’Agaró. La mayor parte de los problemas surgen en el ámbito ideológico, y es aquí donde tendrán que lidiar entre los dos principales partidos presentes en la Conferencia de Presidentes, el PP y el PSOE.

1. ¿Hace falta más dinero?

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, lamentó que el sistema autonómico necesita unos 26.000 millones de euros más para cubrir todas las competencias que tiene transferidas. Una cuestión en la que los expertos discrepan y que generará un cándido debate durante todo el proceso de reforma.

La clave para los expertos pasa por construir un buen método para calcular el precio de los bienes y servicios proporcionados por las comunidades. Por ejemplo, no es lo mismo ofrecer servicios sanitarios en una ciudad donde la población está concentrada, que en una región con una población muy dispersa. Por este motivo, una de las claves será perfeccionar el sistema actual de financiación ‘ajustada por habitante’, que incluye estos conceptos.

Una vez que se conozcan exactamente cuáles son las necesidades de financiación de las comunidades autónomas se podrá determinar cuánto dinero tiene que repartirse para cubrir que todos los españoles tengan los servicios básicos cubiertos. Este sería el dinero que estrictamente ‘hace falta’ y, en líneas generales, hay un acuerdo entre los expertos en que no hace falta más financiación que la actual o, en cualquier caso, no esos 26.000 millones que reclama Puig.

Aquí entra el segundo problema. Algunas autonomías querrán gastar más y no tienen ingresos suficientes actualmente, otras querrán gastar menos y bajar los impuestos. Este es un segundo debate y más profundo y la mayor parte de los analistas cree que lo mejor sería dar cierta libertad a las regiones para que sus ciudadanos elijan la opción que prefieran una vez que los servicios básicos estén garantizados.

2. El ‘dumping’ fiscal

Aquí está uno de los grandes focos del debate. Algunos líderes autonómicos protestaron el martes que Madrid compite de forma injusta con el resto de autonomías bajando los impuestos, ya que se beneficia de su condición de capital de España, y así consigue captar más personas físicas y ensanchar su base imponible.

Para Alain Cuenca, profesor de la Universidad de Zaragoza, sería positivo que las autonomías tuviesen capacidad para subir o bajar algunos impuestos respetando unos mínimos comunes para todo el país. Así las regiones serían corresponsables de su situación financiera, tanto para respetar los objetivos marcados con Hacienda, como para responder ante sus ciudadanos por los impuestos excesivos, o el desequilibrio de sus cuentas públicas.

“Estoy de acuerdo en que se puedan bajar los impuestos siempre que haya una restricción”, señala, “tiene que haber una posibilidad de subir y bajar los tributos siempre que se controle el déficit”. Antoni Zabalza, de la Universidad de Valencia, escribe que “el aumento de la deuda autonómica ha convivido en muchos casos con políticas tributarias laxas”, una situación que afecta rápidamente a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por este motivo defiende que las autonomías que quieran “mejorar la prestación de servicios a sus ciudadanos por encima de las pautas normativas” lo puedan hacer subiendo los impuestos.

Sin embargo, hay analistas que creen que la corresponsabilidad de las autonomías con el déficit se puede fomentar permitiendo a las regiones que modifiquen el tipo impositivo de algunos tributos pero que el cambio se aplique a todas ellas. Así, podrían modificar los impuestos sin generar desequilibrios entre ellas. Las decisiones se tomarían de forma conjunta entre todas ellas y sin la participación del Estado, de modo que la responsabilidad de subir o bajar los impuestos cayese sólo sobre las comunidades, aunque sería sobre todas ellas.

3. La solidaridad

El debate de las balanzas fiscales que han promovido desde el independentismo catalán también estará presente en la reforma del sistema. Este es uno de los puntos en los que los expertos no se ponen de acuerdo. Todos ellos (o la gran mayoría) defienden la solidaridad entre regiones para que todas ellas tengan el mismo nivel de servicios básicos pero, a partir de ahí, empiezan los problemas.

Las autonomías con menor renta también tendrán menor capacidad para financiar unos servicios públicos mejores, ¿hasta qué punto las regiones ‘ricas’ tienen que ayudar a las ‘pobres’? Desde el punto de vista técnico, este debate se concreta en el ‘principio de ordinalidad’, esto es, que las regiones que más aporten, sean también las que más reciban o no. Si la comunidad que más aporta al sistema es la quinta que más recibe, el sistema de reparto rompe este ‘principio de ordinalidad’, una cuestión que genera mucho debate a nivel político.

Santiago Díaz de Sarralde Miguez, de la Universidad Rey Juan Carlos, escribe: “Defender una reforma que tenga como objetivo acercarse a resultados que no violen la ordinalidad tampoco implica, desde luego no necesariamente, limitar la solidaridad”.

4. Los fueros

Este es otro de los temas polémicos de la financiación autonómica, la diferencia de recursos entre las autonomías de régimen común y las dos con sus fueros especiales: Navarra y País Vasco. Los expertos coinciden en que no es necesario desmontar los fueros, simplemente habría que revisar su financiación. “Tienen que contribuir a la solidaridad interregional”, señala Cuenca, “no es justo que tengan el doble de recursos para la Sanidad que el resto de regiones”.

En este punto es más fácil que la comisión de expertos alcance un acuerdo, aunque a nivel político podría bloquearse. Cuenca defiende que estas autonomías mantengan los ingresos del IVA o el IRPF, pero que contribuyan a la solidaridad interterritorial con transferencias al fondo común que sirve para nivelar la financiación de las autonomías. Este dinero no iría al Estado, sino a la ‘solidaridad interregional’ y permitiría acercar la igualdad de recursos entre todos los españoles.

5. Mutualizar la deuda

Este es el caballo de batalla de las comunidades que han estado infrafinanciadas durante los últimos años, en especial la Comunidad Valenciana. Puig ha propuesto en numerosas ocasiones que se mutualice la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que las autonomías hayan adquirido con el Estado por culpa de la infrafinanciación de estas regiones.

Este es un punto que genera discusión, ya que, en efecto, algunas regiones han acumulado mucha deuda porque tienen pocos recursos para pagar los servicios básicos. Sin embargo, introduce un incentivo perverso para el futuro por el hecho de introducir una condonación de la deuda. Además, supone un agravio comparativo con las autonomías que sí han hecho un esfuerzo para ajustar las cuentas públicas y así reducir su déficit y su deuda.