Ha pasado más de una década desde que estallara la crisis económica más dura de la historia reciente de España y la legislación laboral vuelve a estar en el punto de mira del debate político. Podemos presiona al gobierno en funciones de Pedro Sánchez para realizar una reforma integral, además de pedir el Ministerio de Empleo como moneda de cambio para facilitar la investidura del Ejecutivo socialista.

Por otro lado, el mundo empresarial pide estabilidad y, pese a que se abre a cambios, son partidarios de mantener los pilares de la Ley laboral para no afectar a la creación de empleo. No obstante, lo cierto es que en los últimos diez años se han producido dos reformas laborales y varios reales decretos, tanto con gobiernos del PP como del PSOE, pero sus efectos en la calidad del mercado laboral han sido escasos.

El informe del gabinete de estudios de USO Anomalías de nuestro mercado de trabajo, publicado este mes, indica que en los últimos diez años se han realizado casi 168 millones de contratos, de los que algo menos de 15 millones han sido de naturaleza indefinida. Una media, en este periodo, del 9,63%. Solo uno de cada 10 contratos realizados ha sido indefinido, indica el informe.

El número de contratos temporales ha ido creciendo en estos últimos diez años, alcanzando su máximo en 2018 con 20 millones, una cifra que podría repetirse en 2019, e incluso superarse, ya que en junio estaba próxima a los 10 millones y en los meses de verano este tipo de contratación se incrementa.

Contratos de menos de siete días

Tomando el último dato, junio 2019, la caída interanual de la contratación indefinida
es un 14%, cifra que además de la endémica temporalidad, refleja síntomas preocupantes de la desaceleración de la actividad económica y del crecimiento. Del mismo modo, USO advierte que la existencia de contratos temporales como puerta de entrada al mercado del trabajo ha dado paso a una situación en que cada vez se hacen menos contratos fijos.

En el total acumulado durante 2019, solo el 6,29% de los contratos iniciales realizados han sido indefinidos, y el 85% del total han sido contratos temporales por “Obra o servicio” y “Eventuales por circunstancias de la producción”, indica el informe.

Del mismo modo, la gran mayoría de la contratación realizada hasta junio, por encima del 93%, ha sido de duración determinada (temporal), una cifra alta, pero que se hace más preocupante al constatar que el mayor número de contratos que tienen una duración pactada sean de menos de siete días.

Es así como más del 27% de los contratos realizados tiene una duración inferior a una semana. Una repercusión directa en que la duración media de la contratación en España sea de 50 días al año. Es decir, que “una persona que viene encadenando contratos temporales, de media, solo trabaja 50 días al año: menos de dos meses”.

Si bien la mayoría de los contratos realizados lo son a jornada completa, uno de cada
tres lo es a tiempo parcial y, además, el 28% de estos lo son de duración determinada. Dentro de los contratos iniciales, realizados a tiempo completo, solo un 3,44% de ellos son indefinidos.

Modificación de los modelos de contratación

Ante esta serie de situación que USO califica de “anomalías”, el sindicato propone la modificación de los modelos de contratación, reduciendo al mínimo los actuales, de manera que se simplifique y se vincule el tipo de contrato a la causa que lo genera y erradicando las injustificadas más propensas a la precariedad, junto a un plan específico de empleo digno juvenil y un nuevo modelo de formación para el empleo de calidad.

Del mismo modo, se propone potenciar y dotar a la Inspección de Trabajo de medios humanos y económicos suficientes para poder realizar su labor de manera ágil, efectiva y coordinada entre las distintas comunidades autónomas y “acabar con las situaciones de encadenamiento no justificadas de contratos temporales”.

Como ya contó EL ESPAÑOL, este mes de agosto el Gobierno ha lanzado una nueva ofensiva contra el fraude en la contratación temporal y el uso irregular de los contratos a tiempo parcial. La Inspección de Trabajo puso en marcha una campaña especial que se centra en estos dos asuntos y que se extenderá hasta finales de año.

El objetivo es poner punto final a “unos abusos que contribuyen de forma determinante a la precarización del empleo y dificultan la consecución de un trabajo digno”, según se recoge en el borrador sobre los Planes de Choque que va a llevar a cabo la Inspección y que ha elaborado el Ministerio de Trabajo.

De esta manera, se prevé el envío de 85.000 cartas a empresas con indicios de fraude, un 4% más que el año pasado. En la anterior oleada de este plan se regularizaron casi 127.000 empleos irregulares y se convirtieron en indefinidos casi 174.000 empleos temporales, según los datos del Ministerio del Trabajo aportados a comienzos de mes.