En Londres más de 200.000 firmas evitaron la puesta en marcha de una norma que pretendía que los conductores de VTC tuvieran que esperar 5 minutos entre la reserva y la recogida de un pasajero. Transports for London, el regulador del transporte de la capital británica, lanzó una consulta pública en 2015 para que los londinenses opinaran sobre la regulación del transporte en la ciudad.

En esa consulta se presentaban medidas que aplacaran “las preocupaciones de los taxistas, que se sienten bajo presión ante el aumento de la competencia”, recogía The Guardian. Y es que, de la misma forma que la Generalitat, el regulador londinense ‘inventó’ estas medidas para calmar los ánimos del colectivo del Taxi que veía amenazado su monopolio.

La compañía estadounidense consiguió un apoyo mayoritario en una propuesta que pedía la paralización de las medidas que planteaba Transports for London. Uber había cifrado la puesta en marcha de esa medida en un coste de 19 millones de libras al año (21 millones de euros) y de 1.000 libras (1.147 euros) anuales por conductor. Finalmente, el regulador británico tuvo que ceder.

En Francia, la precontratación duró un mes

36 días estuvo en vigor en Francia una norma para que los conductores de VTC tuvieran que esperar 15 minutos entre la reserva y la recogida de un pasajero. La medida entró en vigor el 1 de enero de 2014 y el Consejo de Estado la suspendió el 5 de febrero del mismo año, tras considerar que esa espera ponía a los conductores de Uber y de otras aplicaciones en una situación de competencia desleal frente al Taxi.

Finalmente, el 17 de diciembre de 2014 la medida se anuló definitivamente al considerar que el estado no tenía competencias para legislar sobre el funcionamiento de los vehículos con licencia VTC.

La Generalitat establece una hora

Si bien las opciones inglesa y francesa no sirvieron para cerrar el conflicto entre taxistas y VTC, además de la repercusión económica que el tiempo de espera ponía sobre las apps de coches con conductor, la Generalitat ha ofrecido una reserva de una hora de antelación para Uber y Cabify a los taxistas.

La propuesta catalana se enmarca en un complejo mecanismo jurídico, que termina delegando en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la facultad de establecer el tiempo final. De este modo, el gobierno catalán sólo establecerá quince minutos, dejando que sean los gobiernos locales quienes sitúen el resto del tramo horario hasta los sesenta minutos.

El fundador de Cabify, Juan de Antonio, ha explicado que la aprobación de este decreto comportaría su “expulsión del territorio”. En la misma línea ha reaccionado Uber que ha dicho que de aprobarse estas restricciones no podrían “seguir prestando servicio en Barcelona”.

Menos espera, mayor ahorro

El estudio Impacto socioeconómico de la modernización de los servicios de VTC, elaborado por Afi, concluye que “en un escenario de liberalización, la tarifa media ponderada de los servicios de taxi y VTC descendería en las ciudades de Madrid y Barcelona en un 35% sobre los valores actuales”.

El descenso en las tarifas iría acompañado de un aumento de la demanda, tanto de taxi como de VTC, así como de una reducción de los tiempos de espera. Es decir, en un escenario contrario al que proponen la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona los barceloneses podrían ahorrarse 86,5 millones de euros. Si de igual forma se liberalizaran las VTC en Madrid, el ahorro para los madrileños sería de 120 millones de euros.

Pese a las ventajas de la liberalizacion que presenta el estudio y al fracaso de la precontratación en otras ciudades europeas, la oferta de la Generalitat va en la dirección contraria.