La Comisión del Congreso que ha investigado durante casi un año y medido la crisis financiera y el rescate bancario ha apoyado por mayoría cambiar los esquemas de supervisión, regular determinados productos financieros y revisar las sanciones que afectan gestores de entidades bancarias.

Estas son algunas de las conclusiones que contempla el dictamen que este jueves han apoyado todos los partidos políticos a excepción de Ciudadanos, que ha votado en contra, y de Unidos Podemos y Compromís, que se han abstenido.

La Comisión de investigación en la que han comparecido más de 80 altos cargos de organismos supervisores, reguladores, de entidades bancarias y asociaciones financieras ha concluido que los principales organismos reguladores, sobre todo el Banco de España, fallaron en su diagnóstico y no atajaron la crisis económica.

Todos los grupos parlamentarios coinciden en que se vendieron productos bancarios indebidos y que hubo falta de vigilancia tanto por el Banco de España como por la CNMV, aunque en la votación de las propuestas finales no se incluye que la "politización" de las cajas de ahorros fuera una de la causa de la crisis que llevó al rescate bancario.

Este ha sido el principal motivo por el que Ciudadanos no ha firmado el dictamen, que tampoco contempla que la elección de los máximos responsables de la CNMV o del Banco de España se haga bajo el criterio de la "meritocracia" en palabras de Ciudadanos.

Unidos Podemos y Compromís se han abstenido en la votación de este informe porque no "señala a los culpables de la crisis" y tampoco propone la creación de una banca pública.

Sin embargo, la presidenta de la comisión, Ana Oramas, ha valorado que el 90% de todas las propuestas hechas por los partidos políticos se hayan incluido en sus conclusiones, bien a través de abstenciones que han permitido su aprobación o bien porque han sido apoyadas por mayoría.

De esta forma, se contempla el 100% de las propuestas socialistas, entre las que destaca la revisión de la legislación en materia de responsabilidad y sanciones que afectan tanto a gestores de entidades financieras como a personal de organismos supervisores, así como al resto de agentes responsables implicados en el sector financiero.

Además se han incluido las peticiones del PP que pedían que las resoluciones de la CNMV sobre las denuncias o reclamaciones que recibe sean "de obligado cumplimiento" y que instaban a dotar al supervisor español de instrumentos inspectores y sancionadores "más potentes".

Otro de los puntos clave de conclusiones es el de mejorar la independencia de todas las autoridades implicadas en la supervisión de las entidades de crédito y establecer procedimientos claros sobre el rol de cada supervisor.

En este sentido se han incluido las propuestas del PNV que instaban a dotar de independencia a los esquemas de supervisión, tanto en su rol de reguladores como en la supervisión de las auditorías y a hacer más robusta la regulación aplicable a contabilidad, auditores de cuentas y supervisores de la profesión. 

También regular la comercialización de productos a minoristas en determinadas situaciones de dificultad y clarificar los tipos de inversores así como crear una autoridad macro prudencial encargada de la vigilancia del riesgo sistémico.

De hecho, ERC ha apoyado una supervisión macroprudencial que anticipe dificultades así como planes de educación financiera, que se incluyen entre estas recomendaciones.

El texto del informe incide en que el refuerzo de la normativa y vigilancia debe abarcar, no solo a un nuevo tipo de entidades financieras, sino a nuevos productos financieros que potencialmente pueden representar un elevado riesgo para los consumidores como pueden ser las inversiones en bitcoins.

"Se hacen necesarias medidas reglamentarias y prácticas supervisoras dirigidas a limitar y controlar estas operaciones así como el avance hacia un modelo financiero en el que queden nítidamente separadas las actividades de banca comercial de las de banca de inversión", señala el documento.

Además, entre las propuestas está la de dar mayor protección al consumidor financiero y mejorar la información procedente de los bancos debido a que la crisis económica ha provocado también una crisis de confianza y aboga porque se refuercen las campañas informativas llevadas a cabo por la CNMV y Banco de España.

También señala que el objetivo es llevar el modelo supervisor hacia la excelencia en la gestión y afirma que para ello resulta necesario reforzar la independencia a efectos de evitar influencias externas y ajenas al criterio técnico exigible a este tipo de instituciones.

En cuanto a la gestión realizada por las cajas de ahorros, el informe del dictamen indica que desde el punto de vista de los comportamientos éticos, "a lo largo de estos últimos años estamos asistiendo a procesos judiciales con ángulos que van desde las tarjetas black hasta operaciones inmobiliarias poco ortodoxas, pasando por irregularidades en las retribuciones".

Una indicación, insuficiente para Ciudadanos que afirma que el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para no responsabilizar a los políticos que estuvieron en los consejos de administración de las cajas de ahorros que fueron rescatadas, lo que ha calificado de "vergüenza".

Oramas ha incidido en el reconocimiento a todos los ciudadanos, abogados o plataformas que durante la crisis económica lucharon por defender los derechos de los ciudadanos e iniciaron diferentes vías judiciales y consiguieron modificar la legislación española