Cartel publicitario de las hipotecas de un banco.

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El caos hipotecario del Supremo se solventa ‘con apaños’ en las notarías

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Ni bancos ni consumidores. Nadie sabe a qué atenerse a la hora de firmar una hipoteca ante el notario. ¿Quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados? Es la incógnita que el Tribunal Supremo va a mantener hasta el cinco de noviembre, y que está provocando situaciones que llegan a lo cómico a la hora de sentarse en la notaría.

“El cliente no tiene la culpa de lo que está pasando, nuestra intención es no paralizar la firma de hipotecas”, explican desde una entidad financiera. Salvo algunos casos puntuales, no se ha notado que haya habido cancelaciones, explican desde algunas oficinas notariales. Sin embargo, sí reconocen que los consumidores tienen dudas y preguntas sobre qué es lo que deben recoger las cláusulas.

La mayor parte de las hipotecas que se están firmando estos días llevan semanas preparadas, por lo que en sus textos contemplan que sea el cliente quien se haga cargo del abono de la tasa. “Es lo que dice la legalidad en este momento”, explican desde otro importante banco. Sin embargo, algunos clientes muestran ante el notario sus recelos y sus reticencias a firmar la cláusula.

Solución intermedia

Para evitar que se puedan paralizar las hipotecas, los notarios buscan una solución consensuada -y que ha recomendado el Colegio de Notarios- en el que se incluya una cláusula concreta que especifique que está por ver quién debe hacerse cargo del pago de la imposición.

Todas las entidades tienen claro que hasta el cinco de noviembre cualquier cosa que hagan será provisional. Todo debe llevarse a cabo bajo el cumplimiento de las normas, por lo que por ahora se imputa al cliente el pago del Impuesto de Actos Jurídicos. ¿A partir de entonces? Lo que diga el Tribunal Supremo.

Muestra de la normalización que se intenta dar a todo el sistema, es que todos los simuladores hipotecarios en Internet de las principales entidades financieras vuelven a estar operativos. El pasado viernes BBVA, Bankia y Bankinter optaron por poner en suspenso sus ‘widgets’ a la espera de tomar una decisión sobre la manera en la que se debía imputar el gasto por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La organización de consumidores Facua considera que la decisión de introducir una cláusula para esperar a ver qué pasa es "prudente". Su portavoz, Rubén Sánchez, explicó que es una solución razonable habida cuenta de que existe un plazo de 30 días hábiles para abonar el impuesto y que la decisión definitiva se conocerá antes. De hecho, Facua está recomendando contratar las hipotecas ya acordadas.

La banca sufre en bolsa

Lo que más preocupa a los bancos es el plazo que se han dado los jueces para decidir, ya que las dudas sobre el número total de hipotecas que se verán afectadas es todavía una incógnita. De esa cifra dependerá la cantidad de dinero a la que deban hacer frente. Números que pueden ir desde los 4.000 millones en el caso de que sólo sean los últimos cuatro años a cerca de 30.000 millones -según cálculos de Gestha- si hubiera retroactividad total.

Esos datos han puesto de los nervios a los inversores que están castigando al sector financiero en Bolsa. Desde el cierre del pasado miércoles hasta el cierre de este martes se han dejado más de seis mil millones de euros, lo que debilita todavía más su posición en un momento muy complicado para un sector que vive de unos márgenes cada vez más estrechos.

La decisión del Supremo de tomar la decisión de que sean los bancos quienes paguen el impuesto y echar marcha atrás 24 horas después ha causado malestar en el sector financiero, entre la sociedad y en la política. Tanto es así que Podemos ha decidido presentar una querella por prevaricación contra el presidente de la sala de lo Contencioso del Tribunal.

Según el documento -adelantado por EFE- la Sala “dictó una resolución motivada por un interés contrario a la ley y con un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca”. Por ello, reclaman investigar “los motivos reales y espurios” que han motivado la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo.